Para aprobarla y elevarla al Consejo de Ministros, Hacienda necesitará el apoyo de Cataluña y Canarias.
La mayoría de las regiones críticas denuncian que el modelo fue negociado previamente de forma bilateral con ERC. Esa es también la razón esgrimida por la Comunidad de Madrid para no acudir a la reunión. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera que el acuerdo ya está cerrado y ha animado al resto de comunidades del PP a impedir el quórum necesario. Sin embargo, varias autonomías populares sí asistirán al encuentro, cuya celebración venían reclamando desde hace meses.
Hacienda ha censurado la decisión de Madrid y ha calificado de «irresponsable» el intento de boicotear la reunión.
Castilla-La Mancha rechaza el modelo por entender que vulnera el principio de igualdad al haber sido pactado con una única comunidad. Asturias también votará en contra al considerarlo injusto y porque no refleja adecuadamente factores como el envejecimiento o la orografía, que encarecen la prestación de los servicios públicos.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado el rechazo del PP al sistema, al que define como un mecanismo para garantizar la «supervivencia» política de Pedro Sánchez. Según el líder popular, el Ejecutivo carece de legitimidad para impulsar una reforma de esta magnitud sin Presupuestos Generales del Estado.
En el lado opuesto se sitúan Cataluña y Canarias. El Gobierno de Salvador Illa defiende que el modelo puede beneficiar al conjunto de las comunidades, mientras que Canarias condiciona su apoyo al respeto de sus singularidades y a la recepción de los recursos comprometidos.
La votación del CPFF constituye un paso previo a la aprobación del texto por el Consejo de Ministros y su posterior envío al Congreso. Dado que el Gobierno dispone del 50% de los votos en este órgano, le bastaría el respaldo de una comunidad autónoma, previsiblemente Cataluña o Canarias, para sacar adelante la propuesta.
