La comunidad catalana concentra el 21,16% del total nacional y apenas registra variaciones respecto a 2025. Entre estos organismos figuran agencias, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles, universidades e instituciones sin ánimo de lucro. En Cataluña predominan los consorcios, las fundaciones y las sociedades mercantiles, que representan más de dos tercios del total.
Aunque muchas entidades nacieron en las décadas de 1980 y 1990, más de la mitad se crearon a partir del año 2000, especialmente durante los gobiernos de Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. En 2026, el ejecutivo de Salvador Illa eliminó algunos órganos obsoletos para simplificar la gestión, aunque aumentó el tamaño y presupuesto de las principales agencias.
La cifra catalana ha descendido de 277 a 272 organismos, principalmente por una actualización del inventario. Andalucía, la comunidad más poblada de España, mantiene 129 entes, uno más que en 2025. La diferencia con Cataluña se explica en parte por la reducción emprendida tras la crisis de 2008: entre 2010 y 2017 se eliminaron más de 150 organismos públicos.
Desde la llegada de Juan Manuel Moreno, la estructura apenas ha cambiado. Como en Cataluña, predominan los consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles públicas, destinadas a desarrollar actividades económicas financiadas mayoritariamente por las administraciones.
Madrid ocupa el tercer lugar con 101 entes públicos. Tras los fuertes recortes realizados durante los gobiernos de Esperanza Aguirre, apenas se han producido cambios. Durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso solo se ha cerrado Madrid Activa, mientras que en 2024 se creó la Fundación Ballet Español de la Comunidad de Madrid. La mayoría de los organismos madrileños proceden también de los años noventa y pertenecen a las mismas categorías que en Cataluña y Andalucía.
En 2026, el País Vasco supera por primera vez a Galicia, con 97 entes frente a 94. La diferencia se debe sobre todo a una mayor fragmentación administrativa y a la existencia de más consorcios vinculados a las diputaciones forales, no a un mayor tamaño del gobierno autonómico.
En el ámbito local destacan especialmente las entidades dependientes de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades. Barcelona encabeza el listado nacional con 292 organismos, más incluso que los adscritos a la Generalitat. En Cataluña, Tarragona suma 110, Lleida 76 y Girona 73. Las ocho provincias andaluzas reúnen 525 organismos, frente a los 551 de Cataluña.
Tras Cataluña se sitúan las tres provincias vascas, con 217 entidades en conjunto: Vizcaya (101), Guipúzcoa (84) y Álava (32). Madrid y Navarra contabilizan 96 cada una. En el extremo contrario figuran Guadalajara (6), Soria (7), Ávila y Lugo (9) y La Rioja (3).
Estas entidades locales suelen gestionar servicios como abastecimiento de agua, residuos, depuración, mantenimiento viario, instalaciones deportivas o actividades turísticas.
Entre las comunidades con menos entes públicos destacan La Rioja y Ceuta, ambas con 18, mientras que Melilla cierra la clasificación con solo 6. Las diferencias son llamativas incluso entre territorios con poblaciones similares, como Ceuta y Melilla, o entre Cantabria y Extremadura. Esto refleja que la creación de estos organismos depende en gran medida de las políticas aplicadas por cada gobierno.
También resulta significativo el caso de La Rioja en el ámbito local. Con más de 326.000 habitantes, solo cuenta con tres entidades locales adscritas, menos que Soria, que dispone de siete pese a tener alrededor de 90.000 habitantes. La explicación radica en factores administrativos y territoriales: la mayor concentración poblacional riojana ha reducido la necesidad de fragmentar servicios, mientras que la dispersión geográfica soriana ha favorecido la creación de más organismos y estructuras territoriales.
