La asociación advierte de que este esfuerzo económico puede comprometer la viabilidad de algunos establecimientos, incapaces de asumir técnica o financieramente las reformas necesarias para mantener la cadena de frío.
Aunque el sector dispone de instalaciones modernas y eficientes, adaptadas a las altas temperaturas y olas de calor cada vez más frecuentes en España, existe preocupación por el calendario del Reglamento europeo F-Gas (2024/573). La norma obliga a acelerar la sustitución de los gases fluorados actuales por alternativas con menor Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA), sin considerar plenamente las necesidades de países con climas cálidos.
Las empresas apenas disponen de cuatro años, hasta 2030, para completar esta transición, mientras que la industria frigorífica considera más realista extender el plazo hasta 2032. Por ello, la distribución alimentaria reclama una revisión ajustada al desarrollo tecnológico y a la disponibilidad real de soluciones alternativas.
El cumplimiento de los plazos se enfrenta a dos grandes obstáculos. El primero es la falta de mano de obra especializada: España necesita cerca de 10.000 técnicos cualificados para acometer las reformas previstas. El segundo es el riesgo de escasez de gases refrigerantes de transición, cuya comercialización ya se está reduciendo ante las futuras restricciones europeas.
Según Retail Data y Asedas, la red de supermercados y autoservicios impulsa inversiones anuales cercanas a los 3.000 millones de euros en aperturas y reformas. En los últimos cinco años, el 40% de las tiendas ha sido inaugurado o renovado integralmente, incluidas muchas instalaciones de frío que ahora deben volver a adaptarse antes de haber sido amortizadas.
Desde Asedas respaldan los objetivos climáticos de la Unión Europea, pero reclaman una transición gradual y proporcionada que tenga en cuenta las particularidades del sector, especialmente en el caso de las pymes y de los países que afrontan mayores costes de adaptación.
