Así lo ha acordado el magistrado de la Audiencia Nacional en una providencia notificada este martes, y en la que reclama a la UDEF dicho informe «en los términos solicitados» por la fiscal del caso, Elena Lorente. En el escrito en el que la representante del Ministerio Público pedía al juez que solicitara este informe, recordaba que la aerolínea se constituyó el 25 de agosto de 2011 con Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores, según EFE.
Posteriormente, observa, hubo «diversos cambios accionariales, particularmente significativos a partir del año 2017 en que entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano», según reflejó ya la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía en un informe en 2025, cuando esta causa estaba aún secreta.
«El acceso del capital venezolano a la sociedad española Plus Ultra -añade- se produjo a través de diversas escrituras públicas, como se menciona en el referido informe de la UDEF, cuyo alcance y eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021 debe ser objeto de análisis, resultando por ello de gran trascendencia, a los efectos de la instrucción, conocer la evolución accionarial».
Con ese nuevo informe, prosigue la fiscal, se podrá «valorar la incidencia» que tuvo «el citado capital venezolano que, supuestamente, se invirtió en la compañía española». Por ello reclama que la UDEF elabore «un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa» de Plus Ultra, «desde su constitución hasta la fecha actual, a fin de conocer los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés».
Con ese objetivo cree necesario tener en cuenta «las inscripciones registrales» y «cuantos documentos permitan determinar los mencionados extremos».
El informe que aportó la UDEF en noviembre de 2025, en el que se basa la fiscal en su escrito, mencionaba «la existencia de diversos protocolos notariales que ponen en evidencia como a partir del año 2017 la sociedad comenzó a estar controlada por socios que realizan aparentemente aportaciones de capital».
Ese es el caso de los socios Camilo Ibrahim Issa (nacionalizado español), Rodolfo Reyes Rojas (cuyo teléfono fue intervenido en Estados Unidos y ha sido clave para la imputación de José Luis Rodríguez Zapataero), María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Borquez Tarff.
También de algún otro que, «sin detentar participación accionarial ocupó cargos de responsabilidad» como ocurre con Raif El Arigie Harbie. «o que mantuvo significativas relaciones financieras con la compañía», como es el caso del venezolano Alcíades José Carión Carrión.
En su informe de 2025, la UDEF ya elaboró una tabla de la composición accionarial de Plus Ultra en el año 2021 «de acuerdo con la información obtenida por inteligencia financiera» y que recoge la fiscal en su escrito. En esa fecha constan 23 socios, de los que 15 son distintas sociedades y cuyo capital tras aportaciones (valor total que resulta de sumar el dinero o bienes iniciales de una inversión o sociedad más las aportaciones periódicas o extraordinarias) sumaron en total 18,8 millones de euros.
Snip Aviation era la que acumulaba la mayor cantidad de capital tras aportaciones (8,5 millones de euros), el 45,33% a abril de 2021, seguida de Fly Spain (2,1 millones) y Alva Skies and wings (1,7 millones).
Tras estas empresas, figuran dos socios, Flavio Borquez y Héctor Tobia, con idéntica cantidad de capital tras aportaciones, 1.417.166,11 y 1.417.166,10, respectivamente, mientras que la menor cantidad resulta ser la del entonces presidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola con 6,49 euros.
