Entre ellos figura un contrato adjudicado en febrero de 2026 a IDCQ Hospitales y Sanidad, empresa del grupo Quirónsalud, para la realización de endoscopias con sedación profunda a pacientes del Área Sanitaria de Ceuta.
A esta adjudicación se suman otras prestaciones contratadas durante 2026, como pruebas vestibulares VHIT, artroresonancias magnéticas y servicios especializados de neurología y rehabilitación logopédica. Estas contrataciones reflejan la necesidad de complementar con recursos privados aquellas prestaciones que la sanidad pública ceutí no puede cubrir con medios propios.
La situación tiene especial relevancia porque Ceuta y Melilla son las únicas regiones cuya asistencia sanitaria depende directamente del Ministerio de Sanidad a través de Ingesa, sin competencias transferidas a una comunidad autónoma.
La colaboración con Quirónsalud también incluye a la Fundación Jiménez Díaz, que participa desde hace años en la atención especializada a pacientes ceutíes mediante telemedicina, especialmente en casos de ictus. Estos acuerdos permiten reforzar los servicios del Hospital Universitario de Ceuta y garantizar el acceso a pruebas y tratamientos especializados.
Esta realidad contrasta con la posición crítica que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha mantenido respecto a determinados modelos de colaboración público-privada. Durante la presentación del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, defendió que la gestión directa debe ser la opción preferente y que las externalizaciones solo deben utilizarse cuando la Administración no pueda prestar el servicio con sus propios medios.
No obstante, la propia ministra ha reconocido la existencia de fórmulas de colaboración público-privada que considera positivas. En el caso de Ceuta, Quirónsalud no sustituye la gestión pública, sino que aporta servicios concretos para cubrir necesidades asistenciales específicas y paliar dificultades estructurales, como la falta de especialistas y el incremento de la demanda sanitaria.
La experiencia de Ceuta evidencia que, más allá del debate político, la sanidad pública puede recurrir a proveedores privados para garantizar determinadas prestaciones cuando los recursos propios resultan insuficientes.
