Las compañías consideran que impuestos como la tasa de Enresa, junto con tributos autonómicos y otras cargas específicas, reducen significativamente la rentabilidad de estas instalaciones y dificultan justificar nuevas inversiones., pero de cualquier manera el principal punto de conflicto es la tasa de Enresa.
Las eléctricas han recurrido su incremento al considerar que penaliza a las plantas que prolongan su actividad. Defienden que buena parte de los costes de residuos y desmantelamiento son fijos, por lo que extender la vida útil permitiría repartirlos entre una mayor producción y reducir el coste por megavatio hora.
Por ello, la controversia no termina con la continuidad de Almaraz hasta 2030. Las empresas aceptan la prórroga, pero mantienen su objetivo de lograr una revisión fiscal que haga viable operar más allá de esa fecha.
Las propietarias de Almaraz también defienden una extensión mucho mayor de su actividad, con la vista puesta en alcanzar hasta 80 años de funcionamiento, siguiendo el ejemplo de algunas centrales estadounidenses. A través de CNAT, sociedad que gestiona Almaraz y Trillo, destacan las inversiones realizadas en seguridad, modernización y actualización tecnológica.
Iberdrola controla el 52,7% de Almaraz, Endesa el 36% y Naturgy el 11,3%. Las tres compañías consideran que la central es estratégica para el sistema eléctrico español y recuerdan que aporta más del 7% de la electricidad consumida en el país. Además, sostienen que sus condiciones técnicas permitirían mantener la operación durante varias décadas más.
