La medida llega después de que los permisos de acceso a la red eléctrica ya superen los 12 gigavatios, más del triple de los 4 gigavatios de consumo estimados para 2030.
En el ámbito energético, los nuevos centros deberán cubrir al menos el 80% de su consumo con energías renovables. Además, esa energía tendrá que aportar nueva capacidad al sistema, impulsando fórmulas como el autoconsumo, el almacenamiento o los contratos de suministro a largo plazo.
La normativa también exigirá elevados estándares de eficiencia energética para las instalaciones de mayor tamaño, que contarán con una certificación similar a las etiquetas de los electrodomésticos.
En materia de soberanía digital, los datos procesados deberán permanecer dentro de la Unión Europea, con controles específicos para evitar accesos desde terceros países. Las exigencias serán aún mayores cuando se trate de información de las administraciones públicas o vinculada a la seguridad nacional.
El cumplimiento de estas obligaciones deberá acreditarse mediante declaraciones responsables y será objeto de revisiones periódicas. Las infracciones podrán acarrear sanciones e incluso la pérdida de la autorización para operar.
Estas medidas se suman a las aprobadas en marzo para evitar la especulación con los permisos de conexión eléctrica, una reforma que ya provocó la retirada de varios proyectos.
