Desde el inicio trasladó un mensaje de tranquilidad y aseguró que el Gobierno trabaja intensamente para recuperar la normalidad en la ciudad tras la entrada masiva de unas 70.000 personas los días 30 y 31 de julio.
Bolaños defendió la actuación del Ejecutivo y evitó hablar de errores. Sobre la polémica por los supuestos avisos previos de los servicios de inteligencia, fue contundente: afirmó que el Gobierno no disponía de información previa ni precisa sobre la llegada masiva de migrantes. También rechazó que existan pruebas que vinculen directamente a Marruecos con los hechos, pese a las dudas planteadas por varios grupos parlamentarios.
El ministro sostuvo que el Estado movilizó todos los recursos necesarios y destacó la atención humanitaria prestada a los migrantes, así como los esfuerzos para garantizar retornos ajustados a la legalidad. Señaló que la prioridad es localizar a las personas que permanecen en Ceuta y tramitar su repatriación, reagrupación familiar o solicitud de asilo, al tiempo que se trabaja para restablecer la normalidad en la ciudad.
Según Bolaños, la crisis se vio agravada por la difusión en redes sociales de interpretaciones erróneas de una sentencia del Tribunal Supremo, que alimentaron rumores sobre una supuesta apertura de fronteras y la imposibilidad de devolver a quienes llegaban a nado. Añadió que cerca del 90% de quienes entraron regresaron a Marruecos en pocas horas.
Durante el debate, socios del Gobierno como PNV, Sumar y ERC cuestionaron la tardía reacción del Ejecutivo y mostraron escepticismo sobre que la crisis pudiera explicarse únicamente por bulos. También criticaron la falta de firmeza hacia Marruecos, aunque Bolaños insistió en que Rabat está colaborando.
Por su parte, PP y Vox acusaron al Gobierno de falta de previsión, de ignorar posibles advertencias y de no proteger adecuadamente la frontera. Reclamaron el retorno de los migrantes que permanecen en Ceuta y una mayor implicación de las Fuerzas Armadas. Bolaños respondió que la oposición utiliza discursos alejados de la realidad y reiteró que no existen evidencias de una actuación organizada por Marruecos. Además, defendió una gestión basada en el respeto a los derechos humanos y al marco legal nacional e internacional.
