La ministra Rodríguez ha detallado que estos 800 millones servirán para la puesta en marcha de nuevas políticas públicas en materia de vivienda y ha recordado que el compromiso del Gobierno con todas las administraciones públicas ha sido «desde el primer momento» dar una respuesta «clara, contundente y coordinada al problema de la vivienda». Esta primera anualidad ya permitirá «hacer frente a la crisis impulsando más vivienda pública y protegida para siempre, con más y mejores mecanismos de transparencia», ha insistido la ministra.
Para garantizar una gestión transparente y eficiente de estos recursos, el Ministerio ha activado el trámite de audiencia e información pública de la Orden Ministerial por la que se regulan los mecanismos de seguimiento, evaluación y suministro de información del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, de acuerdo con el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el propio Plan.
Desde el Ministerio señalan que la puesta en marcha de un sistema común de intercambio de información permitirá realizar un seguimiento periódico y con detalle de los avances del nuevo Plan Estatal, lo que se traducirá en la elaboración de informe trimestrales y anuales para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos.
El objetivo es garantizar los aspectos esenciales recogidos en el PEV, como la protección permanente de las viviendas impulsadas con este Plan -sin posibilidad de descalificación- o su adjudicación mediante procedimientos públicos y objetivos
