Las críticas se centran en que la documentación remitida por la Fiscalía General del Estado al Comité del Consejo de Europa sobre Problemas de Delincuencia apenas recoge referencias al aumento de menores marroquíes no acompañados y a las dificultades para identificarlos. Según los detractores de esta actuación, esta información resulta insuficiente para reflejar el papel de Marruecos como país de origen y tránsito de los flujos migratorios hacia España y la Unión Europea.
Esta controversia ha cobrado mayor relevancia tras la crisis migratoria vivida en Ceuta a finales de julio, que puso bajo presión a la ciudad autónoma y generó un intenso debate político sobre la respuesta del Gobierno y sus relaciones con Rabat.
Las críticas también se extienden a la reacción de distintas instituciones y responsables políticos, a quienes se reprocha una escasa implicación pública ante la situación vivida en Ceuta. En este contexto, algunos sectores consideran que ha faltado una mayor muestra de apoyo institucional y social hacia los ciudadanos de la ciudad autónoma.
Además, la polémica ha alcanzado al ámbito deportivo. Diversas voces han cuestionado la limitada visibilidad que el fútbol profesional ha dado a la situación de Ceuta, especialmente si se compara con la atención prestada a otras crisis internacionales o catástrofes recientes.
En paralelo, el debate sobre la gestión de la inmigración irregular, la cooperación con Marruecos y la protección de los derechos de los migrantes continúa ocupando un lugar central en la agenda política española y europea.
