En ese sentido, la cuestión de fondo no es si Felipe VI visitará finalmente Ceuta, sino por qué una decisión que durante años fue considerada políticamente delicada ha terminado convirtiéndose en un nuevo episodio de fricción institucional entre la Moncloa y la Casa del Rey.
La entrevista abrió una controversia que el propio Gobierno se ha visto obligado a matizar. Al reprochar al monarca que no haya viajado a Ceuta ni Melilla durante su reinado, el presidente trasladó implícitamente la responsabilidad a la Corona, pese a que tradicionalmente este tipo de desplazamientos se coordinan con el Ejecutivo y tienen una importante dimensión diplomática. La posterior rectificación de la portavoz, Saiz, afirmando que el Gobierno no solo no veta la visita sino que considera que ha llegado el momento de realizarla, evidencia una voluntad de apagar un incendio político que se había propagado rápidamente.
El episodio revela también un problema recurrente en la política española: la utilización de las instituciones como parte de la batalla partidista. La oposición interpreta las palabras de Sánchez como un intento de señalar al Rey, mientras que el Ejecutivo denuncia una campaña de la derecha para alimentar una polémica inexistente. Entre ambas versiones, la imagen que queda es la de unas relaciones institucionales sometidas a un escrutinio constante y a menudo contaminadas por el cálculo político.
Además, sobrevuela la variable marroquí. Ceuta y Melilla son territorio español, pero cualquier gesto institucional de alto nivel en las ciudades autónomas suele analizarse también desde la óptica de las relaciones con Rabat. La duda sobre si Sánchez acompañaría o no al Rey en una futura visita refleja hasta qué punto la política exterior condiciona decisiones que, en teoría, deberían formar parte de la normalidad institucional del Estado.
En definitiva, más que una discusión sobre agendas o protocolos, el caso pone de manifiesto la dificultad de mantener separados los intereses partidistas, la diplomacia y la función arbitral de la Corona. Cuando Gobierno y Casa Real se ven envueltos en mensajes ambiguos, desmentidos y aclaraciones sucesivas, los perjudicados son la claridad institucional y la confianza pública. Lo que debería ser una visita de Estado acaba convertido en otro capítulo de la confrontación política cotidiana.
Y a todo esto no debemos de olvidar al moro. Marruecos aparece en esta disputa como el factor geopolítico de fondo, aunque no como un actor explícito en el choque entre el Gobierno y la Corona.
Según podría entenders:
• La visita de un rey de España a Ceuta o Melilla tiene una carga diplomática especial porque Marruecos reivindica históricamente ambas ciudades.
• Durante años, distintos gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE, han actuado con cautela respecto a este tipo de visitas para evitar tensiones con Rabat.
• La discusión surge porque Sánchez reprochó a Felipe VI no haber visitado Ceuta y Melilla durante su reinado, mientras que numerosos observadores recuerdan que estas visitas dependen en gran medida de la coordinación y el visto bueno del Gobierno.
Pero además, el tema presenta otros aspectos relevantes:
1. El temor a la reacción de Mohamed VI.
Se plantea la incógnita de si Sánchez acompañará al Rey en una futura visita a Ceuta. La decisión tendría una lectura diplomática porque podría interpretarse en Marruecos como una reafirmación política de la soberanía española sobre la ciudad.
2. La controversia sobre la presión marroquí.
El Gobierno insiste en que no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya intervenido en la polémica o en la difusión de informaciones relacionadas con ella. Por el contrario, atribuye la amplificación de determinados mensajes a actores vinculados a Rusia, Israel y la denominada «internacional ultra».
Más que protagonista directo, Marruecos actúa como una presencia condicionante. La controversia no gira realmente sobre Rabat, sino sobre si el Gobierno ha estado modulando la agenda del Rey para evitar conflictos diplomáticos. Por eso la pregunta política de fondo no es únicamente cuándo visitará Felipe VI Ceuta, sino si las relaciones con Marruecos han influido en una decisión que debería encuadrarse en la normalidad institucional española.
Y es que nadie puede negar que, Rabat desempeña un papel indirecto pero muy relevante en la agenda del Rey cuando se trata de Ceuta y Melilla.
En el sistema constitucional español, las visitas oficiales de Felipe VI no se deciden de forma aislada por la Casa Real. La política exterior corresponde al Gobierno, y las actividades del monarca suelen coordinarse con el Ejecutivo. Por ello, cuando una visita tiene posibles implicaciones diplomáticas, como ocurre con Ceuta y Melilla, la sensibilidad política aumenta.
Y en este caso hay tres elementos clave:
• Marruecos reivindica históricamente Ceuta y Melilla, por lo que cualquier visita de alto perfil puede ser observada con atención por Rabat.
• El Gobierno sostiene que España es un país soberano y que Ceuta y Melilla forman parte de su territorio, dando a entender que una visita del Rey debería entrar dentro de la normalidad institucional.
• Existe el debate político sobre si la relación con Marruecos ha influido en la ausencia de visitas anteriores, aunque no hay una prueba alguna al respecto.
Desde una perspectiva periodística, la cuestión central no es, por tanto, que Marruecos decida la agenda del Rey, sino si la preocupación por preservar una buena relación con Rabat ha llevado a distintos gobiernos españoles a actuar con cautela respecto a visitas que podrían interpretarse como una reafirmación simbólica de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. En otras palabras, Rabat aparece como el actor externo cuya posible reacción condiciona el contexto político de la decisión, aunque la agenda oficial del Rey se acuerda dentro de las instituciones españolas.
En definitiva, todo parece indicar que estamos, una vez mas, ante una toma de posición del Gobierno y su presidente para enturbiar el correcto y eficaz desarrollo de la actividad política en un nuevo afán del presidente de ser el nuevo “rey sol” de una España progresista. Lo malo es que cuando llega el momento de gobernar y gestionar ese gran polipasto, se desmorona cual castillo de naipes.
