El magistrado considera que persisten los motivos que justificaron la intervención de los fondos y aprecia riesgo de que puedan utilizarse para dificultar la investigación o un eventual decomiso.
La empresa había solicitado el levantamiento de la medida alegando la necesidad de afrontar reparaciones urgentes en su actividad agrícola tras los daños causados por las lluvias. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se opuso y el juez ha respaldado esa posición.
Según el auto, los informes policiales y patrimoniales reflejan ingresos de sociedades vinculadas al empresario, movimientos bancarios de origen no acreditado y un uso recurrente de préstamos societarios, circunstancias que, a juicio de los investigadores, apuntan a una estructura patrimonial opaca.
Calama considera especialmente relevante que Agropecuaria Lucena presente rasgos compatibles con una sociedad instrumental utilizada para canalizar u ocultar fondos. Entre los indicios se encuentran varias facturas por supuestas ventas de aceite de oliva cuya operativa genera dudas, así como posibles irregularidades detectadas por la Agencia Tributaria.
Además, informes de la UDEF señalan una actividad económica limitada y poco consistente entre 2018 y 2023, junto con una creciente dependencia de empresas vinculadas al entorno de Martínez.
La sociedad forma parte del entramado empresarial analizado en la investigación sobre las relaciones económicas vinculadas al rescate de Plus Ultra. Entre las operaciones bajo escrutinio figuran movimientos entre empresas relacionadas con Martínez, sociedades vinculadas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la propia aerolínea.
El juez subraya que permitir el uso de los fondos intervenidos vaciaría de contenido la medida cautelar, cuyo objetivo es garantizar que los activos potencialmente relacionados con la investigación permanezcan a disposición de la Justicia.
