Aunque no modifica el Estatuto de los Trabajadores, la medida limitará los márgenes para extinguir contratos sin justificación durante los primeros meses.
Las compañías ya no podrán recurrir a fórmulas genéricas como «periodo de prueba según convenio». Deberán detallar por escrito qué competencias, tareas u objetivos serán objeto de evaluación y durante cuánto tiempo. Si un trabajador es despedido durante ese periodo, la empresa deberá acreditar que la decisión está relacionada con esos criterios previamente establecidos.
Trabajo considera que esta mayor concreción permitirá a los empleados impugnar con más facilidad los ceses que no estén suficientemente justificados. Los tribunales podrían declarar improcedentes determinados despidos si la empresa no demuestra que realizó una evaluación real o si no definió previamente las condiciones de la prueba.
La norma formará parte de la transposición de la directiva europea sobre transparencia en las condiciones laborales y reforzará también la información que reciben los trabajadores antes de incorporarse a su puesto. Los contratos deberán incluir de forma detallada aspectos como salario, complementos, incentivos, jornada, horarios y turnos.
Además, se ampliarán los derechos de información sobre los algoritmos y sistemas automatizados que las empresas utilizan para asignar tareas, fijar retribuciones, gestionar promociones o adoptar decisiones laborales, con el objetivo de aumentar la transparencia y prevenir posibles discriminaciones.
El Gobierno sostiene que estas medidas buscan combatir la precariedad y reforzar la seguridad jurídica en las relaciones laborales, especialmente en una figura, la del periodo de prueba, cuyo uso ha aumentado tras la reforma laboral.
