Roselli dejó su cargo en julio de 2025, tras avanzar al juez que colaboraría como imputado en la investigación judicial en la que se aborda si el expresidente del Gobierno cobró una mordida por influir en el rescate concedido por el Consejo de Ministros a la aerolínea de capital venezolano en marzo de 2021.
La declaración de Roselli ha girado en torno a las decisiones financieras adoptadas en la aerolínea entre abril de 2020 -cuando desde esta se pidió ayuda al político socialista- y marzo de 2021, cuando finalmente la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió el rescate de 53 millones de euros a la compañía.
Roselli se ha ratificado en que la compañía pagó una comisión de éxito de un 1% del rescate al ‘Grupo Zapatero’. A pesar de que los pagos se hicieron a las sociedades de Julio Martínez, como Análisis Relevante -a través de la que él, a su vez, contrató como asesor a Zapatero- supieron que el «destino final» del dinero era el expresidente del Gobierno, trasladan fuentes presentes en su declaración que ha mantenido Roselli.
El exCEO de Plus Ultra ha respaldado a Martínez Sola en cuanto a que fue el propio Zapatero quien se puso en contacto con la cúpula de la compañía el 30 de abril de 2020 por medio de una llamada desde un número oculto y afirmó que «mi equipo se ocupará» de hacer las gestiones pertinentes para conseguir financiación pública. Tampoco ha sabido decir qué gestiones realizó el expresidente Zapatero, pero ha insistido en que él presentó a Julio Martínez Martínez como su representante, la persona que hablaría por él.
También ha considerado que los informes de asesoría global elaborados por el expresidente para la compañía de Martínez, con los que se habrían justificado pagos del empresario al político, no tenían relevancia y en realidad eran una manera para maquillar la recepción de la presunta comisión ilegal.
Puesto que Roselli fue quien tuvo el contacto con la SEPI para conseguir el rescate como responsable financiero, ha sido interrogado por las reuniones previas y posteriores a la concesión del rescate. En este sentido, ha afirmado que la sociedad estatal a través de la que el Gobierno concedió el préstamo tuvo información desde el principio -así se recogió en el acuerdo- de que parte de la ayuda pública iría destinada en parte a pagar préstamos de Plus Ultra con terceras sociedades, algunas fuera de España. Dichos préstamos denominados ‘puente’ en la causa se investigan como un presunto sistema de blanqueo, según considera la Fiscalía Anticorrupción, de operaciones financieras ilegales en el extranjero. Roselli ha declarado que fue Rodolfo Reyes -empresario venezolano detenido en mayo en Miami e investigado en la causa- quien trajo a Plus Ultra las sociedades a las que se pagó con parte de la ayuda de la SEPI. De hecho, algunas de ellas como Valerian, eran suyas.
Roselli fue sustituido por Reyes en 2021 como responsable financiero de la compañía. El venezolano llegó a acumular un 64% de la compañía Plus Ultra como socio mayoritario.
Las conversaciones entre Roselli y Reyes incautadas e incorporadas a la causa son una de las evidencias más importantes. Precisamente en éstas se refleja la palabra «mordida» presuntamente para Zapatero. En julio de 2020, después de intercambiarse la noticia de la creación de las ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) dieron por hecho que recibirían una de las ayudas y Roselli transmitió a Reyes: «Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello».
Roselli ha sostenido este martes ante el juez que el pago de los préstamos bajo sospecha fue legítimo porque la compañía tenía su actividad en el extranjero y ha insistido en que la compañía nunca ocultó a la SEPI -que hizo reuniones de seguimiento posteriores al rescate- la información sobre los pagos de éstos.
