Sin embargo, el repunte de la inflación y el encarecimiento de la financiación pública plantean riesgos para la continuidad del crecimiento.
La inflación alcanzó el 4,3% interanual en agosto, o el 4,5% en términos armonizados, por encima del 3,3% registrado en la eurozona. El aumento de los precios energéticos, agravado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la reducción parcial de las bonificaciones a los carburantes, ha impulsado el coste de los combustibles y de la electricidad. Además, la inflación subyacente sigue elevada, especialmente en los servicios vinculados al turismo.
Ante este escenario, el Banco Central Europeo podría aprobar una nueva subida de los tipos de interés tras el ajuste realizado en julio. Los mercados esperan un endurecimiento adicional de la política monetaria, aunque algunas previsiones apuntan a que los tipos podrían estabilizarse en torno al 2,5% a finales de año.
Al mismo tiempo, los mercados de deuda reflejan una creciente preocupación por el aumento de los déficits públicos y el endeudamiento. Los rendimientos de los bonos soberanos han subido con fuerza en las principales economías, incluido España, donde el bono a diez años supera el 3,8%. Aunque la prima de riesgo sigue contenida, el coste de financiar la deuda será cada vez mayor.
En España, el gasto en intereses podría aumentar cerca de un 50% entre 2025 y 2030 debido tanto a los mayores tipos de interés como a la refinanciación de deuda emitida en años de costes financieros muy reducidos. En un escenario de estabilidad de tipos, los pagos por intereses rondarían los 57.000 millones de euros en 2030, cifra que podría superar los 60.000 millones si los tipos aumentan medio punto adicional.
Estas tendencias tienen consecuencias para hogares, empresas y administraciones públicas. La inflación crece más que los salarios, lo que reduce el poder adquisitivo y puede frenar el consumo. Asimismo, el encarecimiento del crédito amenaza con moderar la inversión, especialmente entre las pequeñas empresas más dependientes de la financiación bancaria.
Más allá de sus efectos inmediatos, el actual contexto refleja un cambio de escenario para la política económica. Con menos margen fiscal y mayores necesidades de gasto e inversión, España necesita aprovechar la actual fase expansiva para reforzar sus cuentas públicas y reducir su vulnerabilidad ante futuras crisis. De lo contrario, el aumento de la factura financiera dificultará reducir el déficit por debajo del 3% incluso en un contexto de crecimiento económico sostenido.
