Según Eurostat, pasó del 2,7% del PIB en 2024 al 2,9% en 2025, todavía por debajo del máximo del 3% alcanzado en 2023 y lejos de la media comunitaria del 3,9%. España ocupa así el penúltimo lugar de la UE, solo por delante de Irlanda.
Este indicador mide la formación bruta de capital de las administraciones públicas, es decir, la inversión en infraestructuras, transporte y otros activos fijos. Aunque el Plan de Recuperación movilizó miles de millones de euros desde 2021, su impacto sobre la inversión pública ha sido limitado. Antes de la llegada de los fondos europeos, la inversión representaba el 2,6% del PIB; tras varios años de financiación extraordinaria apenas aumentó unas décimas.
La comparación con otros grandes beneficiarios del plan europeo refleja una evolución más intensa. Italia elevó su inversión pública hasta el 3,8% del PIB en 2025, mientras que Francia alcanzó el 4,4% y Alemania el 3,3%.
Aunque las estadísticas no permiten determinar qué parte de la inversión procede directamente de los fondos europeos, los datos sugieren que la financiación extraordinaria no se ha traducido en un aumento sostenido del esfuerzo inversor público. Esto plantea dudas sobre el efecto estructural del plan cuando desaparezcan estos recursos.
Entre las causas destacan las limitaciones de la capacidad administrativa, la complejidad de la contratación pública y los problemas de coordinación entre administraciones. Además, la ejecución de los fondos ha avanzado más lentamente de lo previsto, pese a las reformas introducidas para agilizar procedimientos.
A ello se suma la presión de otros compromisos presupuestarios, como pensiones y defensa, que reducen el margen para nuevas inversiones. El resultado es una situación paradójica: uno de los principales objetivos de los fondos europeos, impulsar la modernización mediante la inversión pública, apenas se refleja en los datos agregados de España.
