El dictamen salió adelante por 177 votos frente a 168, lo que supone la devolución al Tribunal de Cuentas del informe sobre el último ejercicio fiscalizado. La decisión no afecta a los Presupuestos Generales del Estado, sino al documento que recoge y evalúa posteriormente la gestión económico-financiera del sector público.
Se trata de un hecho inédito y de un revés político para el Gobierno, que continúa gestionando con los Presupuestos de 2023 prorrogados ante la falta de apoyos parlamentarios para aprobar unas nuevas cuentas. La Cuenta rechazada corresponde al periodo en que María Jesús Montero estaba al frente del Ministerio de Hacienda.
La polémica de los fondos europeos
Uno de los principales motivos del rechazo ha sido la utilización temporal de recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para cubrir necesidades de tesorería relacionadas con el pago de pensiones.
El Tribunal de Cuentas reconoció esta práctica y advirtió de la incertidumbre jurídica que podía generar, aunque finalmente no la consideró una irregularidad. Esta conclusión provocó discrepancias dentro del propio órgano fiscalizador y ha sido duramente criticada por la oposición.
PP, Vox y Junts consideran que este episodio evidencia una gestión presupuestaria cuestionable. Los populares denunciaron el uso excesivo de modificaciones presupuestarias y el empleo de fondos europeos para atender gastos corrientes, mientras que Vox habló de diversas «trampas» contables. Junts, por su parte, criticó el abuso de las prórrogas presupuestarias y la falta de transparencia sobre la situación real de las cuentas públicas.
Un golpe político para el Ejecutivo
El rechazo llega en un contexto marcado por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado. La oposición sostiene que esta situación ha incrementado el recurso a modificaciones presupuestarias, reduciendo el control previo del Parlamento sobre el gasto público.
El Gobierno rechaza las acusaciones y defiende que el uso de fondos europeos respondió a operaciones temporales de tesorería compatibles con la normativa comunitaria.
Con esta votación, el Congreso deja una situación sin precedentes: la mayoría de la Cámara cuestiona la imagen fiel de las cuentas públicas de 2024 y desaprueba la rendición contable del Estado, pese al informe favorable emitido por el Tribunal de Cuentas.
