A través de las redes sociales, calificó el auto como “muy discutible jurídicamente” y reclamó al alto tribunal que resuelva el asunto antes de las próximas elecciones generales.
Bolaños respaldó así el comunicado difundido por Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación Progresista de Fiscales (APF), que expresaron su “honda preocupación” por una medida que afecta tanto a nuevas inscripciones como a personas ya registradas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Las asociaciones sostienen que la jurisprudencia del propio Supremo solo justifica restringir un derecho fundamental como el sufragio cuando existe una “evidencia jurídica palmaria”, algo que consideran inexistente en este caso. Además, comparten los argumentos del voto particular de la magistrada María Alicia Millán, que aprecia una discrepancia entre el objeto del recurso presentado por Vox e Iustitia Europea y las medidas cautelares finalmente adoptadas.
