Ambas organizaciones critican la decisión cautelar del Supremo de suspender la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a determinados beneficiarios de la nacionalidad española obtenida al amparo de la Ley de Memoria Democrática, tras un recurso presentado por Vox e Iustitia Europea.
Aunque comparten el objetivo de garantizar la transparencia electoral y la correcta elaboración del censo, sostienen que la resolución se apoya en una instrucción del Ministerio de Justicia que no forma parte del objeto del recurso. Además, denuncian que la medida priva del derecho al voto a ciudadanos reconocidos como españoles sin un análisis individualizado de cada caso.
Las asociaciones también advierten de que el eventual riesgo de alteración del censo afecta a procesos electorales aún no convocados, mientras que el perjuicio para los afectados es inmediato. Por ello, consideran que la controversia jurídica debe resolverse en la sentencia sobre el fondo del asunto, con todas las garantías procesales y respetando el principio de seguridad jurídica.
JJpD y la APF reclaman que el procedimiento se resuelva con la máxima rapidez y, en todo caso, antes de la convocatoria de nuevas elecciones. Asimismo, piden que el debate se desarrolle con serenidad y sin convertir el censo electoral ni a los afectados en un elemento de confrontación partidista.
