También puede criticarlas, recurrirlas o defender públicamente posiciones distintas. Lo que resulta más difícil de justificar es la intensidad y reiteración de los ataques dirigidos en las últimas semanas contra jueces y magistrados por parte de varios miembros del Ejecutivo.
La separación de poderes no exige silencio ni unanimidad institucional, pero sí respeto mutuo. Cuando desde el Gobierno se acusa a los tribunales de actuar con motivaciones políticas o se pone en duda de forma genérica la imparcialidad de la judicatura, el riesgo es erosionar la confianza ciudadana en una de las principales instituciones del Estado de Derecho.
Más preocupante aún es que esta dinámica se haya convertido en una práctica recurrente. La crítica a una sentencia concreta puede formar parte del debate democrático. La descalificación constante del poder judicial como institución genera, en cambio, una polarización que perjudica al conjunto del sistema. Si cada decisión judicial que incomoda al poder político es presentada como una maniobra ideológica, se transmite a la ciudadanía la idea de que las resoluciones dependen de intereses partidistas y no de la aplicación de la ley.
Tampoco se puede ignorar que la Justicia está sometida al escrutinio público y que sus decisiones pueden ser discutidas. Los jueces no son infalibles. Precisamente por ello existen recursos, tribunales superiores y mecanismos de control. Pero una cosa es cuestionar una resolución y otra muy distinta cuestionar la legitimidad del poder judicial cuando sus decisiones resultan incómodas.
En un momento de creciente desconfianza hacia las instituciones, la responsabilidad de los dirigentes públicos debería ser reforzar su credibilidad, no debilitarla. La crítica razonada fortalece la democracia; el enfrentamiento permanente entre poderes la deteriora. Y cuando los ciudadanos dejan de confiar en sus jueces, el problema ya no es judicial: es democrático.
Y las consecuencias de una confrontación abierta y continuada entre el poder ejecutivo y el poder judicial pueden ser relevantes, independientemente del gobierno de turno o de la resolución concreta que origine el conflicto.
La primera consecuencia es el deterioro de la confianza institucional. Si los ciudadanos escuchan de forma reiterada que jueces y magistrados actúan por motivaciones políticas, pueden acabar desconfiando de la Justicia. Y una democracia necesita que sus tribunales sean respetados incluso cuando sus decisiones resultan controvertidas.
La segunda es el aumento de la polarización. Las sentencias dejan de analizarse desde criterios jurídicos y pasan a interpretarse únicamente en clave partidista. El debate deja de centrarse en el contenido de las resoluciones para convertirse en un enfrentamiento político entre bloques.
La tercera afecta a la separación de poderes. La crítica a una resolución es legítima; cuestionar de forma sistemática la legitimidad o imparcialidad de todo un poder del Estado puede percibirse como una presión sobre quienes deben actuar con independencia.
También existe un coste internacional. Los inversores, los organismos europeos y los mercados suelen valorar la estabilidad institucional como un factor clave. Cuando se proyecta una imagen de conflicto permanente entre las instituciones del Estado, aumenta la percepción de incertidumbre.
Por último, el principal perjudicado puede ser el ciudadano. Cuando el debate público se centra en desacreditar instituciones, se debilita la percepción de que existen árbitros neutrales capaces de resolver conflictos conforme a la ley. Sin esa confianza, el funcionamiento del Estado de Derecho se resiente.
Desde una perspectiva editorial, la cuestión no es si un gobierno puede criticar a los jueces. Puede hacerlo. La cuestión es si esa crítica fortalece el debate democrático o, por el contrario, contribuye a erosionar la credibilidad de una institución esencial para el equilibrio de poderes. Ahí reside el verdadero riesgo.
