El supervisor sostiene expresamente en su último Informe de supervisión de los mercados minoristas de gas y electricidad que «la metodología de cálculo de la TUR de gas debe ser revisada para incluir todos los costes de la actividad». El organismo considera que el actual sistema utiliza referencias diferentes de las empleadas en los mercados mayoristas de gas, lo que provoca que el precio de la tarifa regulada no resulte replicable por las compañías que operan en el mercado libre.
La advertencia de Competencia coincide con las conclusiones de un informe elaborado por KPMG, que analiza los «desequilibrios económicos y distorsiones» provocados por el diseño actual de la tarifa. La consultora identifica tres problemas principales: la falta de actualización de la metodología ante nuevos costes regulatorios, la separación entre el coste real de aprovisionamiento y el reconocido por la TUR y el traslado de consumidores desde el mercado libre hacia el regulado.
La CNMC llega a la conclusión de que el precio que ofrece actualmente la TUR «no se puede replicar en el mercado libre», precisamente por la estructura utilizada para determinar el coste de la materia prima. El segundo problema está en los costes que directamente no están reconocidos por la tarifa. La CNMC cita de manera expresa los correspondientes a la seguridad de suministro y las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
La reforma tiene especial trascendencia porque la TUR continúa siendo la opción más competitiva para buena parte de los hogares. El comparador de la CNMC mostraba en diciembre de 2025 un total de 183 ofertas de gas de 42 comercializadores y la tarifa regulada permanecía por debajo de las ofertas a precio libre. La ventaja provocó un importante movimiento de consumidores durante la crisis energética. Los clientes acogidos a la TUR pasaron de alrededor de 1,5 millones a finales de 2021 a tres millones en diciembre de 2023. Al cierre de 2025 eran ya 3,1 millones, aproximadamente el 39% de los consumidores de gas natural.
