Para ello, el Ministerio de Economía ha abierto consultas públicas destinadas a reformar la Ley de Movimientos de Capitales y su reglamento. La principal novedad pasa por consolidar el denominado escudo antiopas para inversores de la UE y de la Asociación Europea de Libre Comercio, un mecanismo creado en 2020 para proteger empresas estratégicas frente a adquisiciones consideradas sensibles. Actualmente, este régimen expira el 31 de diciembre de 2026.
Además, Economía estudia precisar qué inversores, operaciones y sectores quedarán sometidos a control. Entre las actividades que podrían incorporarse figuran los centros de datos, una infraestructura cada vez más relevante por su peso tecnológico y económico.
La reforma también contempla incluir determinadas inversiones de nueva creación (greenfield), establecer un sistema de autorizaciones en dos fases y reforzar el régimen de declaraciones y sanciones. Asimismo, busca adaptar la normativa española a las sanciones económicas aprobadas por la Unión Europea.
Estos cambios coinciden con la puesta en marcha del nuevo Comité de Inversiones Estratégicas, encargado de evaluar proyectos considerados de interés público y reforzar sectores clave para la economía española.
