La primera reunión entre el ministro de Hacienda, España, y el titular de Cultura, Urtasun, sirvió para abrir un proceso en el que persisten discrepancias sobre vivienda, fiscalidad y prestaciones sociales. Sumar reclama unas cuentas más expansivas, con mayor inversión en vivienda pública, medidas para intervenir el mercado del alquiler y una prestación universal por crianza hasta los 18 años.
El socio minoritario también defiende aumentar los recursos destinados a dependencia, transporte público, educación infantil y comedores escolares, además de impulsar una reforma fiscal que eleve la tributación de las grandes fortunas y de las rentas del capital.
Hacienda, por su parte, parte de un techo de gasto récord de 226.032 millones de euros, un 6,6% superior al de 2026, pero todavía no ha asumido públicamente gran parte de las propuestas planteadas por Sumar.
A las diferencias internas se suma la dificultad de recabar apoyos parlamentarios. El Ejecutivo necesita reconstruir la mayoría de la investidura para sacar adelante unos Presupuestos que llegan después de varios ejercicios con las cuentas prorrogadas. La posición de socios como Junts añade incertidumbre a una negociación que apenas acaba de comenzar.
Así, el Gobierno afronta una doble tarea: cerrar un acuerdo entre PSOE y Sumar y lograr después los votos necesarios para aprobar unas cuentas cuyo recorrido parlamentario sigue siendo incierto.
