Según su defensa, esos documentos son «inauténticos y mendaces» y habrían sido elaborados utilizando contratos previos, modificando fechas, sociedades y reproduciendo la firma del expresidente de la compañía, Julio Martínez Sola. Roselli sostiene que los contratos pretendían acreditar inversiones en la emisión de bonos de Plus Ultra de 2019 que, en realidad, nunca se produjeron.
El escrito coincide con las dudas ya expresadas por la Fiscalía sobre discrepancias entre la documentación enviada por las autoridades suizas y la aportada por la propia defensa. Entre los documentos cuestionados figuran contratos atribuidos a las sociedades Wailea Investment y Allpa Wira, por importes de 500.000 dólares cada uno.
Roselli defiende que los únicos documentos válidos son los cinco préstamos puente aportados en julio de 2026, mediante los que Plus Ultra recibió financiación de varias sociedades internacionales entre octubre de 2020 y febrero de 2021.
La documentación también incorpora correos intercambiados con la SEPI antes del rescate. En ellos, el organismo solicitaba información sobre acreedores que pudieran beneficiarse indirectamente de la ayuda pública, entre los que figuraban empresas como PDVSA y otros financiadores privados.
El rescate fue aprobado por el Gobierno en marzo de 2021 mediante un préstamo ordinario de 19 millones de euros y otro participativo de 34 millones. La investigación analiza ahora tanto el destino de esos fondos como la autenticidad de la documentación utilizada en las operaciones financieras relacionadas con la compañía.
Además, los informes internos de Plus Ultra reflejan que la aerolínea atravesaba una grave crisis financiera tras la pandemia, con pérdidas acumuladas de 34 millones de euros y patrimonio neto negativo, situación que la llevó a depender del apoyo público para garantizar su viabilidad.
