La documentación revela que, en noviembre de 2020, responsables de la SEPI solicitaron información sobre qué entidades podrían beneficiarse del apoyo estatal. Plus Ultra identificó entonces a varios acreedores que recibirían cerca de 19 millones de euros tras la concesión de las ayudas, entre ellos las sociedades Modus Securitation, con sede en Luxemburgo, y Panacorp, radicada en Panamá.
Los documentos aportados también muestran las condiciones impuestas por la SEPI para mantener el respaldo financiero. Entre ellas figuraba la aportación de información adicional sobre la situación económica de la compañía y sus acreedores, así como la renuncia de Julio Martínez Sola, accionista mayoritario, a sus derechos políticos sobre la aerolínea, una medida destinada a reforzar el control derivado del rescate público.
Por otro lado, la defensa de Roselli sostiene que varios contratos incorporados a la investigación fueron alterados para aparentar inversiones en una emisión de bonos de Plus Ultra de 2019 que, según esta versión, nunca llegaron a realizarse. El escrito coincide con las dudas planteadas por la Fiscalía sobre la autenticidad de determinados documentos remitidos desde Suiza.
La investigación también pone el foco en el financiero neerlandés Simón Leendert Verhoeven, vinculado a varias sociedades que concedieron préstamos puente a la aerolínea entre 2020 y 2021. Según las pesquisas, parte de los fondos del rescate se habría utilizado posteriormente para amortizar esas deudas.
Los informes remitidos por Plus Ultra a la Comisión de Seguimiento de la SEPI reflejan además el fuerte deterioro financiero provocado por la pandemia. La compañía registró pérdidas acumuladas de 34 millones de euros en 2020 y un patrimonio neto negativo de 14,8 millones, situación que la obligó a apoyarse en la ayuda pública para garantizar su continuidad y evitar la disolución.
