Según fuentes de la Ciudad Autónoma, los registros de llamadas y mensajes permitirán acreditar que el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas pidió ayuda al Gobierno central días antes de la llegada masiva de inmigrantes y que realizó numerosas gestiones con Moncloa y varios ministerios entre el 26 y el 31 de julio.
La iniciativa surge tras la cronología difundida por el Gobierno, que sostiene que el primer contacto relevante se produjo el 27 de julio y que, en ese momento, Ceuta solicitó únicamente más capacidad de acogida y traslados a la Península. Moncloa asegura además que Vivas no pidió entonces hablar con Pedro Sánchez ni reclamó medidas extraordinarias como la declaración de emergencia nacional.
La versión de Ceuta difiere de forma significativa. La Ciudad afirma que ya el 26 de julio había alertado a la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la creciente presión migratoria y que, al día siguiente, planteó el refuerzo policial, la declaración de emergencia nacional y la creación de un mando único.
Las discrepancias afectan también al número de llamadas y mensajes intercambiados. Mientras Moncloa sostiene que muchas de las comunicaciones alegadas por Ceuta no constan en sus registros, el Gobierno local asegura disponer de pruebas que acreditan una mayor insistencia de la reflejada por el Ejecutivo central.
Según la documentación que prepara Ceuta, durante los días previos a la crisis también se reclamó la intervención de varios ministerios, entre ellos Interior, Defensa, Exteriores y Política Territorial. La Ciudad sostiene que algunas de estas gestiones solo fueron atendidas tras reiteradas solicitudes.
El punto de inflexión llegó el 30 de julio, cuando comenzó la entrada masiva de migrantes. Ambas partes coinciden en que ese día Vivas pidió hablar directamente con Sánchez y en que finalmente mantuvieron una conversación, además de activarse contactos con distintos departamentos ministeriales y el despliegue del Ejército.
Con la certificación notarial de sus registros, Ceuta busca que la Audiencia pueda contrastar de forma documental las comunicaciones mantenidas durante aquellos días y verificar qué contactos se produjeron realmente, cuándo tuvieron lugar y qué peticiones fueron trasladadas al Gobierno.
