Todo indica que las próximas semanas estarán dominadas por una guerra de escándalos, querellas, filtraciones, investigaciones judiciales y descalificaciones personales. Las propuestas pasarán a segundo plano. El barro, no.
El problema no es solo que los partidos se ataquen entre sí. La confrontación forma parte de la democracia. Lo preocupante es que la política española parece haber renunciado a debatir sobre cómo solucionar los problemas del país para concentrarse exclusivamente en destruir al adversario. La vivienda, la productividad, la presión fiscal, el deterioro de los servicios públicos, el envejecimiento demográfico o la pérdida de competitividad apenas encuentran espacio frente a la sucesión permanente de polémicas.
El Gobierno llega a la cita electoral rodeado por investigaciones, controversias institucionales y decisiones de enorme impacto político y jurídico. La oposición, convencida de que ahí reside su principal oportunidad, centrará buena parte de su estrategia en convertir cada causa judicial en un argumento electoral. Y el Ejecutivo responderá denunciando campañas de acoso político y judicial. El resultado es previsible: una espiral de acusaciones en la que cada bando alimentará la polarización de sus propios votantes.
Lo más grave es que esta dinámica acaba erosionando la confianza en todas las instituciones. Los tribunales son presentados como aliados o enemigos según quién dicte la resolución. El Parlamento se convierte en un campo de batalla permanente. Los organismos públicos son arrastrados al conflicto partidista. Y los ciudadanos reciben el mensaje de que todo está contaminado por intereses políticos.
La campaña que se avecina corre el riesgo de convertirse en una competición por ver quién genera más indignación, más miedo o más rechazo hacia el contrario. Una democracia madura debería confrontar ideas. En cambio, España parece instalada en una lógica donde importa más desacreditar al rival que convencer a los ciudadanos.
Y mientras los partidos miden encuestas, preparan munición y afilan discursos, millones de españoles siguen esperando respuestas a problemas muy reales. La vivienda continúa siendo inaccesible para muchos jóvenes, los salarios pierden poder adquisitivo, las empresas reclaman estabilidad regulatoria y los servicios públicos afrontan desafíos crecientes.
La gran paradoja es que cuanto más bronca sea la campaña, menos se hablará de todo ello y ese es el gran objetivo de Sanchez, porque de esa manera y si como prevé pierde el poder, el que llegue se encontrará con que, los problemas seguirán ahí. Porque el barro puede ganar titulares, pero nunca resuelve los desafíos de un país.
