El costo de los productos básicos de uso diario, desde alimentos y electricidad hasta combustible, ha aumentado drásticamente en los últimos cinco años. Esto se debe en gran medida a las perturbaciones en los mercados mundiales de materias primas, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022 hasta el conflicto de este año en Oriente Medio.
Durante estas crisis del costo de vida, los precios de productos básicos como alimentos y energía se disparan, superando el crecimiento de otros precios y de los salarios. Dado que a las personas les resulta difícil reducir gastos en productos básicos o reemplazarlos por completo, incluso los aumentos temporales de sus precios pueden ocasionar dificultades considerables.
Las consecuencias van mucho más allá de unos pocos meses de mayor inflación.
Estas crisis pueden amenazar la estabilidad macroeconómica, como demostramos en un capítulo analítico del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial. Observamos que los precios de los productos de primera necesidad, en relación con otros bienes, siguen aumentando durante más de un año tras el inicio de un episodio típico y se mantienen persistentemente elevados. En consecuencia, la población no solo se enfrenta a un aumento temporal en los precios de los alimentos y la energía, sino también a un deterioro duradero en la asequibilidad de los productos básicos en comparación con otros artículos.
Además, la inflación se mantiene elevada mucho después del aumento inicial de los precios de los alimentos y la energía. Las expectativas de inflación también aumentan y se mantienen por encima de los niveles previos a la crisis durante años, lo que sugiere que estos episodios pueden complicar los esfuerzos de los bancos centrales para controlar la inflación. Al mismo tiempo, el poder adquisitivo se erosiona a medida que los salarios reales caen y se mantienen por debajo de los niveles anteriores durante un período prolongado.
Estas cargas recaen de manera desproporcionada sobre las familias más pobres. Dado que los alimentos y la energía representan una mayor proporción del gasto de las familias de bajos ingresos, estas sufren una inflación significativamente mayor que los hogares más ricos durante las crisis del costo de vida.
Los efectos sobre la desigualdad y la pobreza son sustanciales, sobre todo en los países de bajos ingresos, donde las necesidades básicas representan una proporción aún mayor del gasto de los hogares pobres.
Esto subraya por qué las crisis del coste de la vida son perturbaciones económicas que pueden socavar simultáneamente la estabilidad de precios, reducir el nivel de vida y aumentar la desigualdad.
Cómo intervienen los gobiernos
Ante la demanda de medidas gubernamentales inmediatas, los gobiernos han recurrido en gran medida a intervenciones generalizadas para frenar el aumento de precios durante episodios anteriores, según nuevos datos de 76 países correspondientes a las últimas tres décadas. Esto se observa especialmente en las economías emergentes y los países de bajos ingresos.
En las economías avanzadas, estas intervenciones para contener los precios consistieron principalmente en reducciones del IVA o de los impuestos especiales sobre alimentos y productos energéticos, lo que limita el aumento de precios para el consumidor final. Por el contrario, los mercados emergentes y los países de bajos ingresos han recurrido en mayor medida a políticas que abordan las presiones de costos en las etapas iniciales de las cadenas de suministro, como los subsidios a los productores, las reducciones de los aranceles aduaneros o los controles directos de precios, lo que probablemente refleja la mayor prevalencia de los mercados minoristas informales.
Los gobiernos también han proporcionado ayudas directas a los ingresos. Si bien las economías avanzadas han recurrido en cierta medida a transferencias específicas, los países más pobres han introducido con mayor frecuencia aumentos generalizados de salarios y pensiones. Si bien estas intervenciones pueden proporcionar un alivio inmediato, varían mucho en cuanto a la eficacia con la que protegen a los hogares vulnerables y la carga que suponen para las finanzas públicas.
Los subsidios son costosos.
Las transferencias selectivas y temporales son la forma más eficaz y rentable de proteger a los hogares más pobres cuando los precios de los productos básicos se disparan. Este enfoque apoya directamente a quienes más lo necesitan, preserva el escaso margen fiscal y permite que los altos precios del mercado sigan indicando escasez, lo que anima a los consumidores a reducir su consumo si les es posible.
Las medidas de contención de precios son mucho menos eficientes. Si bien pueden aliviar las disyuntivas de la política monetaria a corto plazo al contener la inflación y evitar que las expectativas inflacionarias se desestabilicen, también conllevan costos fiscales significativamente mayores. Brindar la misma protección a las familias de bajos ingresos mediante subsidios al consumo puede requerir entre tres y seis veces más recursos fiscales que las transferencias dirigidas. Subvencionar a los productores puede costar entre 14 y 22 veces más que el apoyo a los ingresos dirigido, según la evidencia de un nuevo modelo.
Esto ocurre porque gran parte de las ayudas no llegan a quienes más las necesitan, como lo demuestra la crisis energética europea de 2022-23. Por cada euro gastado en la contención de los precios de la electricidad, el gas natural y la gasolina, menos de 20 céntimos llegaron al quintil más pobre de los hogares. Estas políticas también generan ineficiencias más amplias. Al mantener los precios artificialmente bajos, debilitan los incentivos para conservar los recursos escasos. Esto puede provocar un aumento adicional de los precios mundiales cuando muchos países las implementan simultáneamente, lo que a su vez agrava las disyuntivas entre políticas para los países de bajos ingresos.
Los subsidios a los productores son aún menos eficientes. Dado que reducen los costos de producción en lugar de apoyar directamente a los hogares, los consumidores extranjeros se benefician mediante precios de exportación más bajos para los productos derivados. En consecuencia, los contribuyentes pagan más para beneficiar a personas y empresas en otros países en lugar de a familias vulnerables en su propio país.
Diseño y secuenciación de políticas
Las crisis del coste de la vida imponen costes económicos y sociales sustanciales, con pérdidas de bienestar particularmente grandes para las familias de bajos ingresos. La ayuda, cuando sea necesaria, debe ser temporal y proporcionarse mediante medidas específicas de apoyo a los ingresos, idealmente utilizando los sistemas de protección social existentes que puedan ampliarse rápidamente.
En circunstancias excepcionales, como por ejemplo, en situaciones de grave preocupación por la seguridad alimentaria, un mayor riesgo de disturbios sociales o importantes limitaciones en la implementación, puede ser necesario que la ayuda se extienda más allá de los hogares más pobres y que se recurra a herramientas más amplias, siempre que el margen fiscal lo permita.
Incluso en esos casos, el apoyo debe ajustarse al componente temporal de un aumento de precios concreto, con cláusulas de caducidad claras, en lugar de a precios permanentemente más altos. Además, al ampliar el grupo de beneficiarios, la generosidad de la ayuda debe mantenerse vinculada al impacto promedio de la crisis en los hogares de bajos ingresos. Cuando las medidas de precios sean inevitables, deben centrarse específicamente en los bienes y servicios consumidos de forma desproporcionada por los hogares vulnerables, preferiblemente en los sectores posteriores de la cadena de suministro, y diseñarse para preservar al máximo las señales de precios subyacentes.
En un mundo más propenso a las crisis, fortalecer la protección social antes de que se produzcan puede mejorar la eficacia de las futuras respuestas políticas y ayudar a preservar el margen fiscal necesario para hacer frente a futuras crisis.
