La principal novedad será una línea de financiación de 10.000 millones de euros gestionada por el ICO para conceder préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros destinados a la compra de la primera vivienda.
Pedro Sánchez defendió que las 21 medidas mantienen su objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y anunció nuevos recursos para aumentar la oferta residencial. Entre ellos figuran 280 millones de euros para impulsar la industrialización de la construcción, 400 millones para vivienda social y asequible y la transferencia de inmuebles de la Seguridad Social a la empresa pública CASA47.
El paquete también contempla incentivos fiscales para inquilinos y pequeños propietarios, la posibilidad de ampliar determinados contratos de alquiler durante dos años y nuevas limitaciones a las subidas de rentas. Además, incluye medidas contra prácticas especulativas, como una mayor regulación del alquiler temporal, cambios fiscales para las socimis y un endurecimiento tributario de las viviendas turísticas.
Pese a defender la intervención pública en un mercado que considera «disfuncional», Sánchez reconoció que las medidas, por sí solas, no resolverán la crisis de la vivienda y admitió que el principal desafío sigue siendo construir más viviendas. Mientras tanto, el Ejecutivo busca reunir una mayoría parlamentaria que permita aprobar unos decretos que considera «razonables y necesarios».
PNV, repite su postura
PNV votará a favor del primer decreto de vivienda y en contra del segundo, de prórroga indefinida de alquileres La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Vaquero, ha confirmado este martes que votarán en la Diputación Permanente a favor del primer decreto de Vivienda y en contra del segundo que prevé la prórroga indefinida de alquileres, tal como hizo el pasado viernes en la Cámara baja.
PP estudia recurrirlos
El Partido Popular analiza llevar al Tribunal Constitucional la posible aprobación de los decretos de vivienda que el Gobierno pretende recuperar en la Diputación Permanente tras su rechazo en el Congreso. Los populares consideran que la maniobra plantea dudas jurídicas y recuerdan que ya recurrieron una situación similar en 2019, cuando lograron que el Constitucional anulara parcialmente un decreto sobre alquileres aprobado por esta misma vía.
La estrategia del Ejecutivo pasa por introducir modificaciones en los textos para poder someterlos de nuevo a votación y evitar que se interprete como una repetición de iniciativas ya rechazadas. No obstante, desde el PP y distintos expertos se cuestiona que concurran las circunstancias de «extraordinaria y urgente necesidad» que exige la Constitución para la convalidación de decretos durante la disolución de las Cortes. El Gobierno confía además en una aritmética más favorable en la Diputación Permanente que en el Pleno del Congreso. La limitada representación de Junts en este órgano facilitaría una mayoría suficiente para sacar adelante, al menos, parte de las medidas sobre vivienda.
El debate ha abierto una controversia jurídica sobre la legitimidad de volver a tramitar normas rechazadas pocos días antes por el Parlamento. Algunos expertos advierten de un posible fraude de ley si los cambios introducidos fueran meramente formales, aunque reconocen que la Diputación Permanente tiene competencia constitucional para convalidar decretos-ley mientras las Cámaras estén disueltas.
En este contexto, el eventual recurso del PP se perfila como una nueva batalla política y jurídica en torno a la estrategia de Sánchez para reactivar su paquete de medidas de vivienda.
