La iniciativa se canalizará a través de la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, que ha instado a los interesados a presentar sus reclamaciones antes del próximo 19 de octubre. El despacho de Garzón se encargará de la representación legal de quienes decidan recurrir ante el Tribunal Constitucional o realizar actuaciones ante el Supremo.
Fuentes de la comunidad gallega en Argentina consultadas por distintos medios describen a la federación como una organización próxima a posiciones de izquierda y al nacionalismo gallego. Por su parte, representantes del Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires han acusado a la entidad de generar confusión al difundir comunicados que, a su juicio, mezclan la suspensión cautelar del censo con una supuesta retirada de la nacionalidad española.
Sin embargo, la medida adoptada por el Tribunal Supremo afecta a determinadas inscripciones electorales y no implica por sí misma la pérdida de la nacionalidad.
Además, uno de los comunicados difundidos contiene una inexactitud cronológica al situar la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2019, cuando la norma fue aprobada y entró en vigor en octubre de 2022.
