La decisión implica el archivo definitivo de la causa relacionada con la organización del referéndum del 1 de octubre y la acción exterior del independentismo.
La resolución da la razón a los encausados frente a la demanda presentada por Societat Civil Catalana y ordena el levantamiento inmediato de todas las medidas cautelares adoptadas durante la instrucción.
De este modo, quedan sin efecto los embargos preventivos y las garantías económicas exigidas a los investigados, que afrontaban una reclamación conjunta cercana a los cinco millones de euros.
La decisión elimina asimismo las responsabilidades contables atribuidas a antiguos responsables de Junts per Catalunya y ERC que ocuparon cargos de gobierno durante las fases clave del proceso independentista.
