La iniciativa buscaba expresar la “cercanía, solidaridad y respaldo institucional” del órgano a la magistrada, que habría sufrido episodios de hostigamiento y cuya situación ha llevado al Ministerio del Interior a asignarle escolta, según diversas informaciones.
Fuentes del sector conservador aseguran que los nueve vocales progresistas no solo se opusieron al texto, sino que también rechazaron debatirlo. El documento manifestaba preocupación por las presuntas intimidaciones sufridas por la jueza y recordaba que la independencia judicial es una garantía esencial del Estado de derecho.
Los promotores de la declaración defendían que el CGPJ debía enviar un mensaje de apoyo a toda la carrera judicial y reafirmar su compromiso con la protección de los jueces frente a cualquier presión o injerencia.
Por su parte, fuentes del sector progresista justifican su negativa apelando a la prudencia institucional. Consideran que el Consejo debe mantener una posición neutral mientras los hechos están siendo investigados judicialmente y evitar pronunciamientos que puedan interpretarse como una valoración anticipada del caso.
El episodio refleja la creciente tensión entre ambos bloques del CGPJ sobre el alcance de las actuaciones públicas del órgano en asuntos sometidos a investigación judicial.
