La Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que reparte 180 millones de euros entre las comunidades con zonas tensionadas y deja a la región sin ninguna dotación. El Gobierno de Ayuso considera que el reparto es discriminatorio, porque condiciona el acceso a fondos públicos a una decisión propia de cada autonomía, y que perjudica directamente a los madrileños.
El consejero de Presidencia, García Martín, ha explicado tras el Consejo de Gobierno que el Ejecutivo regional defenderá ante los tribunales que los madrileños reciban un trato equitativo. También ha asegurado que los recursos públicos deben distribuirse sin discriminación por las políticas de vivienda que cada comunidad elija legítimamente. El Gobierno regional denuncia que el decreto vincula el acceso a los fondos a la adopción de una medida que corresponde decidir libremente a cada comunidad en el ejercicio de sus competencias. A su juicio, ese criterio penaliza a las regiones que aplican políticas de vivienda diferentes a las del Ministerio.
El decreto reparte las ayudas entre los 317 municipios declarados zonas tensionadas, que suman más de nueve millones de habitantes, en Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado que el reparto tiene en cuenta la población afectada y el esfuerzo de las familias para pagar el alquiler. Ha defendido además que declarar una zona tensionada no es reconocer una situación positiva, sino constatar un problema que requiere «soluciones extraordinarias». Los fondos podrán destinarse a promover y rehabilitar viviendas para alquiler social o asequible, así como a adquirir suelo residencial y urbanizarlo. Es la última iniciativa de vivienda de un Ejecutivo que ha multiplicado los decretos en la materia.
La Comunidad de Madrid ha rechazado desde el principio aplicar esta herramienta de la Ley de Vivienda. El consejero de Vivienda, Rodrigo, ha reiterado que el Ejecutivo autonómico no declarará zonas tensionadas en la región. El PP de Madrid ya censuró en su día el «intento de intervención» del Gobierno central si condicionaba los fondos estatales a que se aplicara la ley nacional. El choque con el Ministerio viene de lejos. Rodríguez llegó a tachar de «insumisa» a la Comunidad de Madrid, y todas las comunidades gobernadas por el PP firmaron un comunicado conjunto para rechazar las políticas de vivienda del Gobierno. La ministra aseguró entonces que, si Ayuso aplicaba la ley, «ganan todos».
Este recurso se suma a la batalla que la Comunidad ya libró contra la Ley de Vivienda. El pleno del Tribunal Constitucional desestimó este año el recurso del Gobierno regional contra once apartados de ocho artículos de la ley, entre ellos los relativos a las zonas tensionadas. Esta vez, el Ejecutivo madrileño elige otra vía, la contencioso-administrativa ante el Supremo, y otro argumento: no cuestiona la ley, sino que el reparto de los fondos penalice a quien no aplica una medida que la propia ley deja en manos de cada comunidad.
