Los ciberdelitos han pasado de los 92.716 hechos conocidos registrados en 2016 a los 488.426 contabilizados en 2025, lo que supone un incremento del 427% en menos de una década. Solo entre 2024 y 2025, el número de casos aumentó un 5,1%, desde los 464.801 registrados el año anterior.
El crecimiento de la cibercriminalidad también se refleja en su peso dentro del conjunto de delitos registrados en el país. En 2025, los ciberdelitos representaron el 19,8% del total de infracciones penales conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de manera que prácticamente uno de cada cinco delitos registrados estuvo relacionado con el uso de tecnologías digitales.
“Estas cifras muestran que la cibercriminalidad ya no puede considerarse una amenaza puntual o limitada a determinados perfiles de organizaciones. El volumen y la evolución de los ataques hacen necesario que la ciberseguridad forme parte de la estrategia de las empresas y entidades, con medidas de prevención y protección adaptadas a los riesgos a los que están expuestas”, explica Cuscó, directora gerente de ASHO.
Dentro de este escenario, el sector sanitario presenta unas características que hacen de la ciberseguridad una cuestión especialmente relevante. Hospitales, centros de salud y otras organizaciones sanitarias gestionan diariamente historias clínicas, informes médicos, resultados de pruebas diagnósticas y otros datos personales cuya protección resulta fundamental, al mismo tiempo que dependen de sus sistemas tecnológicos para garantizar el desarrollo de su actividad.
La preocupación por la seguridad no responde únicamente al riesgo de que la información pueda ser sustraída o filtrada, sino que un ataque también puede comprometer durante horas o incluso días el acceso a información necesaria para desarrollar la actividad asistencial, dificultando el trabajo de los profesionales y alterando el funcionamiento habitual de los centros.
Ante este escenario, las organizaciones sanitarias deben abordar la ciberseguridad desde una perspectiva integral, combinando soluciones tecnológicas con protocolos de actuación y medidas destinadas a reducir los riesgos asociados al uso cotidiano de los sistemas digitales. La identificación de vulnerabilidades, la actualización de las herramientas y la formación de los profesionales son algunos de los elementos que contribuyen a reforzar esta protección.
