En un escrito presentado por la entidad, en respuesta al magistrado Ismael Moreno, se afirma que el importe de «todas las facturas emitidas por Servinabar 2000, S.L. a la UTE Variante de Logroño con motivo de los servicios contratados por la UTE a Servinabar 2000, S.L.» ascendió a la suma de 1,957,000 euros.
Además, la constructora ha entregado en la AN los albaranes y partes de trabajo del personal de la compañía de la que era socio Cerdán, así como datos correspondientes al representante del Proyecto. Y, en igual sentido, los controles de presencia, horas trabajadas y vehículos usados por los empleados de la misma y horas dedicadas durante los trabajos de ejecución.
En los anexos del documento se han incorporado varias actas del Comité de Gerencia de la Unión Temporal de Empresas; y, también, los correos electrónicos remitidos, por el técnico superior asignado por Servinabar, 2000, S.L para la ejecución del proyecto conjunto, al personal de la UTE y a terceros con los que la UTE tenia relación para la ejecución del mismo, correspondiente a la construcción de la Autovía A-68 en el tramo Arrúbal-Navarrete.
Ésta es solo una de las concesiones bajo sospecha en la causa que el instructor Moreno mantiene abierta sobre los presuntos amaños de obra pública, durante el tiempo en el que José Luis Ábalos encabezó el Ministerio de Transportes, en la que están imputados Cerdán, el propio exministro ya condenado y en prisión por el ‘caso mascarillas’; y, el exasesor ministerial Koldo García Izaguirre, entre otros.
