Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones «implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI» en un total de cinco operaciones bajo sospecha.
Los tres habrían formado parte de un grupo llamado ‘Hirurok’ dirigido a orientar «diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública», según consta en un auto del magistrado Antonio Piña, quien estaba de guardia el día que pasaron a disposición judicial.
Entre 2021 y 2023, Díez, Fernández y Alonso habrían actuado de manera coordinada con el objetivo «de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones» a través de «contratación y facturación mendaz», según la investigación.
En conjunto, habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde distintas administraciones «y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas» y entidades vinculadas a la SEPI en un total de cinco operaciones que están siendo investigadas.
La UCO intervino material informático y dispositivos electrónicos durante un registro efectuado en el domicilio de Leire Díez. Posteriormente, el magistrado solicitó a la Guardia Civil que realizara un expurgo del mismo para preservar todo aquello que no tenía nada que ver con la causa.
Díez remitió un escrito solicitando la devolución de los dispositivos electrónicos de los que se incautaron los agentes y que se levantara el bloqueo de ocho cuentas bancarias, aduciendo que el hecho investigado debe estar «delimitado».
Además, la defensa de la exmilitante acusó a la UCO de cambiar las contraseñas de los dispositivos electrónicos después del registro y la incautación, una medida que considera «desproporcionada», puesto que, según su relato, tanto la Audiencia Nacional como los agentes «han podido acceder sin problema» al contenido de los dispositivos electrónicos de la exmilitante y su marido, así como hacer copias, «porque ellos mismos facilitaron todas sus claves y contraseñas».
