Escal presentó el recurso a una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 2019, en la que se le exigía el reintegro de 195 millones de euros (sin intereses) por las liquidaciones que se le entregaron en concepto de indemnización por el cierre del proyecto.
El supervisor solicitaba esa devolución después de que el Tribunal Constitucional declarase nulo e inconstitucional en 2017 la compensación de 1.350 millones de euros a Escal aprobada por el Gobierno del PP en 2014 y recurrida por el Parlamento de Cataluña, la Generalitat catalana y por más de cincuenta diputados del PSOE.
El Gobierno de entonces decidió cerrar el almacenamiento subterráneo de gas de Castor cuando se detectaron, durante la fase de llenado de gas colchón, varios movimientos sísmicos. La compensación aprobada se repercutiría en la tarifa de gas durante 30 años. Los 210 millones que tendrá que devolver corresponden a las liquidaciones definitivas de 2014, 2016 y 2017. Entre los argumentos de Escal para presentar este recurso se encontraba un reproche de incompetencia de la CNMC para tramitar y resolver el procedimiento de revisión de oficio.
Sin embargo, la sentencia no comparte ese criterio y califica al regulador de autoridad administrativa independiente, pues desarrolla las funciones que tiene atribuidas en el sector gasista con plena autonomía respecto del Gobierno y de la Administración General.
La sentencia también condena a Escal al pago de las costas procesales, si bien el resultado es susceptible de recurso de casación. En su resolución de 2019, la CNMC también exigía a Banco Santander la devolución de otros 71,9 millones, a CaixaBank 48 millones, a Enagás 32,4 millones y a Bankia 21,1 millones de euros.
