La línea telefónica antigua, acabada en los números «04», fue la que mantuvo desde que Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 y la misma que usó durante su periplo como titular de Transportes
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se cambió de número de móvil justo antes de que el juez del Tribunal Supremo que le investiga, el magistrado Leopoldo Puente, pidiera a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigara el tráfico de llamadas y mensajes de los últimos años. El cambio de dispositivo de Ábalos se suma, de esta manera, al del propio presidente del Gobierno, Sánchez, o el del fiscal general del Estado, García Ortiz, investigado por la filtración de datos fiscales sobre la pareja del novio de Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El exministro cambió de número hace poco más de dos semanas. Este teléfono, al igual que el nuevo, que finaliza en «11», tiene activado el modo de borrado automático de las conversaciones mantenidas a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.
El magistrado del Supremo ha pedido al grupo de la UCO encargado de investigar la trama de corrupción que elabore un informe detallado con el tráfico de llamadas de Ábalos. El objetivo de Su Señoría es averiguar si el exministro tuvo contacto telefónico con Aldama. De la misma manera, el juez quiere conocer si en el tráfico de llamadas aparecen Víctor Manuel Ábalos Aguado, hijo del exministro, con quien Aldama declaró haber tenido trato, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, y Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, quien, según el empresario recibió un sobre con una mordida de 15.000 euros.
Ábalos está citado en el Supremo el próximo 20 de febrero. Ese día, el juez Puente decidirá si adopta alguna medida cautelar contra el exministro. Inicialmente estaba previsto que el diputado acudiera dos días antes pero su abogado pidió retrasarlo por problemas con su agenda. Desde entonces, el exministro vive a caballo entre Madrid y Valencia en un segundo plano alejado de los medios de comunicación. De tomar alguna medida cautelar, el magistrado puede optar, por ejemplo, por decretar el ingreso en prisión del exministro, retirarle el pasaporte para evitar que salga del país o acordar comparecencias periódicas.
En los días posteriores, concretamente entre el 25 de febrero y el 5 de marzo, acudirán a declarar un total de 17 testigos. Entre ellos se encuentra Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, Montero, el propio hijo de Ábalos, o Jésica Rodríguez, la mujer con la que el exministro mantuvo una relación. Moreno, que niega haber recibido pagos de Aldama, se compró un chalet en Cádiz con dinero ajeno a su matrimonio. La que fuera compañera sentimental de Ábalos disfrutó durante tres años del pago de un piso de lujo en Madrid cuyo alquiler pagaba la trama. En paralelo fue dependiente de Transportes, y luego por Tragsatec, dependiente de Hacienda.
