Los servicios jurídicos del Estado presentan incidente de nulidad contra el cambio de criterio del Tribunal Supremo que el pasado mes de enero dio la razón a la empresa Galp. Madrid. La Abogacía del Estado ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a devolver 155 millones de euros a la petrolera Galp por el céntimo sanitario autonómico que estuvo vigente durante los gobiernos de Rajoy entre los años 2013 y 2018 y que anuló el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El escrito de los servicios jurídicos del Estado reprocha al alto tribunal que el pasado mes de enero dictó siete sentencias, entre ellas la de Galp, el cambio de criterio que había mantenido hasta esa fecha. La Sala de lo Contencioso-Administrativo venía devolviendo las reclamaciones de las petroleras a la Audiencia Nacional para que las compañías demostraran allí que no había repercutido el impuesto al cliente final, al conductor que echaba la gasolina, y el resultado ha sido la desestimación de decenas de recursos que ahora, con este cambio de criterio, volverán al Tribunal Supremo. Dice la Abogacía del Estado que con este giro se produce un «enriquecimiento injusto» de las petroleras. El escrito señala que «resulta irrazonable económicamente pensar que las petroleras, en un tributo diseñado para ser trasladado al consumidor final, no trasladaron el coste del tributo a terceros» y recuerda que hay 5.700 expedientes abiertos por responsabilidad patrimonial del Estado, a instancias de los clientes de gasolineras que pagaron este impuesto. «En ningún caso nuestro representado pretende quedarse con el tributo, como sostienen en forma de sofisma las petroleras, sino devolvérselo a quien realmente lo soportó», asegura.
Estas siete sentencias del alto tribunal obligan al Estado a devolver unos 500 millones de euros, pero la Federación Nacional de Transporte por Carretera (Fenadismer) calcula que hay en juego 5000 millones de euros. La petrolera Galp, contra la que se interpone este incidente de nulidad, había contratado para su demanda a Cuatrecasas. Este despacho de abogados tiene como socio a Joaquín Huelín, que fue magistrado de esta sala del Tribunal Supremo entre los años 2008 y 2018. Huelín escribió en el blog Taxlandia sobre los impuestos al petróleo una entrada titulada «Erre que Erre». El jurista decía que «al legislador tributario español le atraen los derivados del petróleo tanto como la miel a las moscas. En realidad, a modo de un Indiana Jones fiscal, se encuentra permanentemente empeñado en una inagotable búsqueda de la materia imponible con el fin de alimentar las voraces fauces de nuestro Estado complejo».
