En la primera jornada, que tiene lugar después del adelanto de las elecciones generales, el grueso de los ponentes han puesto en común un factor que consideran que supone un hándicap a nivel país para impulsar la inversión: el empeoramiento de la seguridad jurídica. Entre ellos destaca la directora y chief economist de Deloitte, Ana Aguilar, quien ha subrayado explícitamente que «España ha sufrido un deterioro de la seguridad jurídica en los últimos años».
En concreto, Aguilar ha hecho énfasis en que en un contexto de relocalización de algunas industrias, como la textil, cree que España se quedará rezagada «pese a las ventajas energéticas». «Hemos creado un marco regulatorio y fiscal desde el punto de vista macroeconómico», ha señalado durante la mesa redonda ‘Análisis de un entorno macroeconómico complejo’. Ha coincidido con ella el profesor de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díez, para el que «discurso antiempresa» desde algunos miembros del Gobierno ha provocado «mucho daño» al tejido empresarial español.
El «exceso de regulación» o la «hiperregulación» ha centrado también parte del debate durante la mañana en la bolsa española. A este respecto, el CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente ha lamentado que las circunstancias actuales «obliga a las empresas a emplear recursos a asuntos legales y «trabas burocráticas» en lugar de destinarlos a «recursos productivos». La cabeza visible de esta socimi del Ibex 35 ha cuestionado la administración pública, ya que en su opinión «frena la productividad», al tiempo que lamenta la fragmentación del mercado de capitales europeo, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, así como a nivel nacional, en las que existe una «microregulación con 17 mercados distintos».
Clemente ha lamentado que la economía no sea una cuestión de Estado a escala política, así como tampoco lo es el ‘rating’, para añadir que «la calificación de la deuda soberana de España debería ser una cuestión de Estado». Clemente también se ha referido a los obstáculos que se encuentra el ahorro privado. Una visión ante la que el presidente ejecutivo de Renta 4, Juan Carlos Ureta, lamenta que se desincentiven los planes de pensiones, que representan un gran ‘pool’ para la economía. Alude así a la reducción de los incentivos a los planes individuales tras reducir a 1.500 la bonificación anual posible de desgravar en el IRPF.
