Este ciclo de revisión del gasto, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2021, da continuidad al primer ejercicio llevado a cabo por la AIReF. Tras esta primera fase, la AIReF analizará prestaciones como la Incapacidad Temporal, la Ayuda Oficial al Desarrollo y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la segunda fase y las políticas de empleo y el marco financiero plurianual 2014-2020 en la tercera.
Durante la presentación de los estudios, la presidenta de la AIReF, Herrero, destacó la función de evaluación que desempeña la AIReF y consideró que es el momento de seguir avanzando y garantizar su consolidación con una reforma de la Ley orgánica de la institución que dote a la evaluación de las mismas garantías jurídicas que la supervisión, otorgando un mayor papel a la AIReF en la determinación de las políticas a evaluar, mejorando la planificación, garantizando el acceso a la información por parte de la institución y mejorando el sistema de seguimiento de las evaluaciones.
En otro orden de cosas la Airef entiende que en el desarrollo del próximo concierto de Muface se debería ejecutar un proceso consultivo a todos los funcionarios mutualistas sobre si prefieren aportar a la mutualidad o bien a las arcas públicas. «Esta reforma permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros tanto para el funcionario como para las arcas públicas al eliminar las aportaciones de aquellos que opten por abandonar el sistema mutualista», reza el informe. En todo caso, la Airef aclara que no propone un trasvase masivo de todos los mutualistas de golpe a la sanidad pública, sino que esto debería ser un proceso «transitorio», y que a su vez el sistema público tendría que verse reforzado para acoger a esta población.
Estas decisiones las fundamenta el organismo independiente en un estudio de más de 400 millones de microdatos analizados y una encuesta a 16.000 mutualistas. Según la Airef, aproximadamente el 70% de los nuevos mutualistas ya elegían la sanidad pública en detrimento del sistema privado de aseguradoras provisto por Muface, pero financian el modelo de igual forma ya que pertenecen a la mutualidad.
Además, José María Casado, director de la división de evaluación de gasto público de la Airef, desveló que la mayoría de funcionarios con patologías escogían el sistema público antes que a las aseguradoras. En especial, tal y como destaca el informe, aquellos con tratamientos oncológicos como quimioterapia o servicios de nefrología o diálisis. Asimismo, hasta el 66% de las hospitalizaciones de severidad mayor o extrema de los mutualistas son atendidas en centros públicos, porcentaje que se eleva hasta el 90% si el funcionario es menor de 40 años.
No obstante, los mutualistas también reflejan en la encuesta que con el sistema privado tienen una mayor accesibilidad a consultas y pruebas diagnósticas, debido a menores tiempos de espera. Y es que las tasas anuales de consulta de los especialistas en el sistema privado de Muface, con independencia de la adecuación clínica, cuadruplican a las de la sanidad pública. En algunos casos como en la traumatología, hay 168 consultas por cada 1.000 habitantes en el sistema público, mientras que en el sistema privado de Muface es de 706 consultas cada 1.000 personas.
Esto supone el primer motivo que dan los funcionarios por el que optar por el modelo de sanidad privada, aunque el estudio también desvela que la cercanía al domicilio es uno de los principales factores de elección para el sistema público en detrimento del privado. Y es que según descubrió Casado, la infraestructura de la sanidad pública alcanza el 93% de los municipios, por apenas un 16% de la presencia de la sanidad privada.
Además, la Airef critica el sistema de Muface en cuanto al aumento de costes en el sector farmacéutico. Según detalla el informe, Muface, Isfas y Mugeju «limitan algunas de las ventajas inherentes en economías de escala de los modelos de aseguramiento de riesgo compartido y provisión directa». Esto se debe a que la sanidad pública congrega a más de 47 millones de habitantes, mientras que el colectivo mutualista a apenas 1,5 millones de personas. Según el informe, en algunos casos el coste de medicamentos hospitalarios a pacientes es casi seis veces superior en el sistema privado de Muface que en la sanidad pública.
También añade el estudio las disparidades en la utilización de medicamentos genéricos. En la pública esto alcanza el 40% de los casos, mientras es el 32% en la privada. Ocurre de igual forma en los biosimilares, donde hay diferencias de hasta 23 puntos porcentuales entre la pública y las aseguradoras.
Por ello, la Airef recalca que el sistema que sustentan las aseguradoras debe tener una mayor colaboración con el sistema público, así como subraya el menor desarrollo de la receta médica en el sistema privado.
