En su escrito de acusación, que se ha dado a conocer este miércoles, el ministerio público ha solicitado que ambas entidades, que quedaron exonerados de cualquier tipo de responsabilidad en los encargos al agente encubierto, indemnicen a dos de los perjudicados por estas labores de investigación, en concreto al exjefe de seguridad de Sacyr Vallehermoso, Rodrigo Álvarez Vázquez, y el antiguo director financiero de Repsol Fernando Ramírez Mazarredo.
Casi dos años después de que el juez instructor cerrar la instrucción de la pieza separada número 21 de la macrocausa Villarejo, en septiembre de 2021, los fiscales Anticorrupción han presentado su escrito de calificación provisional en el que solicitan penas para los procesados por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. Entre ellos, no se encuentran ni las empresas que contrataron al Grupo Cenyt, el entramado empresarial del agente encubierto, para espiar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero y su entorno más cercano; ni el presidente de Repsol, Antonio Brufau; ni el presidente de Fundación La Caixa, Isidro Fainé, entidad bancaria que en la época de los hechos era el principal accionista de la petrolera. El juez instructor acordó el archivo de su presunta responsabilidad hasta en dos ocasiones, después de verse obligado a reabrir la investigación por orden de la Sala de lo Penal, que acordó el sobreseimiento definitivo el pasado mes de enero.
Resueltos todos los trámites sobre quien se debe sentar en el banquillo de los acusados, Anticorrupción ha solicitado 40 años y seis meses de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo y 32 años y medio para su socio, el abogado Rafael Redondo. Asimismo, ha interesado 28 años de cárcel para Rafael Araujo, el exjefe de seguridad de Repsol; 21 años de prisión para el compañero de éste Rafael Girona, ex subdirector de servicios de apoyo de la dirección de seguridad corporativa; y la misma pena para Miguel Ángel Fernández Rancaño, ex responsable del área de seguridad de CaixaBank.
Además, pide que todos ellos indemnicen a Álvarez Vázquez en la cantidad de 3.000 euros y a Ramírez Mazarredo con 5.000 euros, cuantías de las que deberán responder de manera subsidiaria Repsol, CaixaBank y la Administración del Estado. La Fiscalía no pide compensaciones para Luis del Rivero, principal objetivo de Villarejo en estos trabajos; ni para su mujer, Natividad Martínez; ni para Vicente Benedito Francés (accionista de Sacyr) porque, en su condición de perjudicados por los delitos contra la intimidad, han decidido emprender acciones civiles para obtener una indemnización.
Por último, los fiscales apuntan también la necesidad de que se ordene el decomiso de los 389.400 euros que Repsol y CaixaBank abonaron al Grupo Cenyt en 2012 por el proyecto Wine; así como los otros 24.200 euros que Repsol pagó en solitario a Villarejo por otro contrato de 2014 para confirmar que un consejero de esta compañía se había ausentado voluntariamente de una sesión de la comisión de estrategia, inversiones y responsabilidad social corporativa, que se celebró en Madrid el 29 de abril de 2014, para asistir a un evento deportivo en Alemania.
Según explica el escrito de Anticorrupción, los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas para evitar que el pacto sindicado de Pemex y Sacyr saliera adelante, con el que pretendían controlar casi un tercio de las acciones de Repsol. Entres las decisiones adoptadas, los entonces responsables del departamento de seguridad corporativa de Repsol, Rafael Araujo, y su número dos, Rafael Girona, contactaron los primeros días de octubre de 2011 con el comisario Villarejo, “a sabiendas de que se encontraba en servicio activo” en la Policía Nacional y que “podía servirse de dicha condición para llevarla a cabo”, subraya la Fiscalía.
Así, encargaron a Cenyt recabar toda la información posible sobre Luis del Rivero, incluyendo aquella relacionada con sus actuaciones relativas al pacto alcanzado con Pemex. A este pedido se sumó después el CaixaBank, como accionista de referencia, y a través de su exjefe de seguridad, Miguel Ángel Fernández Rancaño.
A lo largo del escrito de acusación, Anticorrupción explica que los trabajos de investigación desarrollados por Villarejo se centraron en los movimientos empresariales del que fuera máximo responsable de Sacyr, como reuniones y contactos que mantenía, Para ello, el grupo Cenyt se hizo con los tráficos de llamadas de Del Rivero. Esta tarea se hizo en colaboración con el comisario Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, que también estaba procesado, pero que finalmente ha quedado fuera de todo el caso Villarejo por su estado de salud.
El espionaje, que se acabó extendiendo al círculo más cercano de Del Rivero, finalizó en enero 2012, una vez que el acuerdo entre Sacyr y Pemex quedó desactivado. Según indica Anticorrupción, el grupo Cenyt llegó incluso a identificar los números de teléfono de directivos de la petrolera mexicana con los que contactó Del Rivero; o recabaron información sobre las supuestas vinculaciones que éste habría tenido con personas investigadas en diferentes operaciones de corrupción, como el denominado caso Malaya, que afectó al ayuntamiento de la localidad malagueña de Marbella; el caso de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha; o con el expresidente balear Jaume Matas, condenado por varios procedimientos.
