Las organizaciones alertan de que la propuesta que se negocia actualmente en la UE ofrece menos garantías que las tarjetas tradicionales en casos de fraude o disputas comerciales.
Ambas asociaciones han remitido una carta a los ministros de Economía y Consumo, así como al gobernador del Banco de España, para expresar su preocupación. Consideran que el modelo planteado aplicaría al euro digital normas similares a las de las transferencias bancarias recogidas en la directiva PSD2, dejando a los usuarios más expuestos ante estafas, compras por Internet o productos no entregados.
Según denuncian, la propuesta carece de un mecanismo específico de reembolso y resolución de conflictos con terceros. Recuerdan además que los consumidores asumen una parte mucho mayor de las pérdidas derivadas de fraudes en transferencias que en pagos con tarjeta.
Las organizaciones advierten de que esta menor protección podría frenar la adopción del euro digital. Una encuesta de BEUC realizada en 2025 revela que la seguridad y la fiabilidad son los aspectos más valorados por los usuarios, mientras que más del 80% teme no recuperar su dinero en caso de estafa o incumplimiento de una compra.
A su juicio, la ausencia de garantías puede dañar la reputación del euro digital y limitar su capacidad para competir con los sistemas internacionales de tarjetas de pago.
Por ello, Asufin y CECU instan al Gobierno español y al Banco de España a respaldar la posición del Parlamento Europeo sobre el artículo 27 del Reglamento del euro digital, que contempla un sistema de reembolso equiparable al de las tarjetas, con cobertura frente al fraude y a los conflictos comerciales con terceros.
