Según un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al que ha tenido acceso este periódico, Barrabés, ahora investigado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el caso ‘Begoña’, logró casi un centenar de adjudicaciones públicas valoradas en más de 25 millones de euros.
El 90% del total de los contratos percibidas por la sociedad Innova Next SLU y valorados por más de 20 millones de euros se dieron entre los años 2021 y 2022; esto es, tras el inicio de las relaciones entre Gómez y el empresario –pues ya era parte del profesorado de la titulación dirigida por Begoña– y después de las reuniones que él mismo aseguró tener con Pedro Sánchez en la Moncloa. El 7,3%, por otro lado, fue percibido por la sociedad Barrabés Sky Montaña SLU, gestionada también por la familia Barrabés, por un importe total de 1,8 millones en 65 contratos distintos.
Pese a que las licitaciones se tramitaron en condiciones normales, de acuerdo siempre con los investigadores, el 40% de los criterios para resultar adjudicatario estaban basados en «juicios de valor», frente a la oferta económica que suponía el 60% de la valoración. En este punto, se destaca el contrato efectuado por Red.es –ahora, investigado por la Fiscalía europea al financiarse con fondos del viejo continente–, pues la valoración subjetiva le permitió al empresario dejar fuera de la licitación a buena parte de los competidores al obtener 9,23 puntos frente a los 7,63 de su contrincante mejor valorado. Respecto a las licitaciones efectuadas por este organismo público, los investigadores señalan que hay un elemento de especial «interés» en tres de los expedientes percibidos por Barrabés; esto es, que todos ellos fueron firmados en el mismo día y por la misma persona, David Cierco Jiménez de Parga, en ese momento Director General del organismo público.
El informe recoge, por otro lado, que, aunque no era «la oferta económicamente más barata» y «habiéndose presentado empresas consideradas gigantes del sector», Barrabés resultó beneficiario después de las supuestas cartas de recomendación que la esposa de Pedro Sánchez había firmado en calidad de co-directora de la formación que lideraba por entonces en la Complutense. Así, según los investigadores, nueve de cada diez euros conseguidos por el socio de Begoña Gómez a través de la contratación pública se dieron en prácticamente un año y medio.
Al margen de las licitaciones otorgadas por el Ministerio para la Transformación Digital, existen otras adjudicaciones efectuadas por otros organismos públicos, tales como el ICEX-España Exportación e Importación, Renfe, Consejo Superior de Deportes o la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. En total, desde que Pedro Sánchez accedió a la presidencia de Gobierno, se han adjudicado contratos públicos a Barrabés por un importe de más de 18,6 millones de euros a través de 60 entidades públicas distintas.
Así las cosas, según un auto con fecha del 22 de agosto, incluido en el sumario del caso ‘Begoña Gómez’, el magistrado Peinado, que instruye el procedimiento, considera que existe una «concurrencia de elementos» que avalan la «constancia de la comisión de hechos delictivos». Esto es, que Peinado asegura que existen indicios de delito de tráfico de influencias respecto a las adjudicaciones públicas percibidas por Barrabés pues injiere en contra del «correcto funcionamiento de la Administración Pública», así como de delito de corrupción en los negocios, pues, según el documento, «nos encontramos ante una conducta que comporta una especial gravedad» y que «puede llegar a alcanzar hasta los cuatro años de prisión».
Correos, presidida en ese momento por Juan Manuel Serrano, cercano a Sánchez, y ex jefe del Gabinete de la Presidencia, también confió en la empresa de Barrabés. Así, unos meses después del inicio de la relación «académica» entre el empresario y Gómez, la empresa pública postal solicitó los servicios de la consultora tecnológica Innova Next para la realización de un «programa formativo de Transformación Digital» por un total de 165.000 euros.
Al mismo tiempo, Red Eléctrica, y tal como señalan en su web «constituida como una sociedad con mayoría de capital público, compuesta por las aportaciones patrimoniales de un grupo de empresas eléctricas públicas (Endesa y ENHER) y privadas (Iberduero, Hidroeléctrica Española, FECSA y Unión Fenosa, entre otras), se asoció a con el grupo del socio de Gómez en 2019 para la realización de un proyecto financiado con fondos europeos que consistía en un hub de movilidad llamado «Madrid in motion». Hablamos de una empresa presidida en ese año por Jordi Sevilla, otro cercano a Sánchez.
Desde la era Complutense, el socio de Begoña Gómez, empresario experto en consultoría tecnológica, recibió por encargo los contratos, como base y argumento de la necesidad de adquirir servicios para diferentes proyectos de «transformación digital», el Portal de Transparencia detalla los ministerios que se han anclado a las dos sociedades de Barrabés: Transformación Digital, Defensa, Interior, Economía, Transición Ecológica, Deportes, Seguridad Social y Trabajo.
El juez que investiga a Gómez ha acordado citar como testigo al director de la Asesoría Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Ramón Navarro. Así consta en una providencia del magistrado, que fija además la fecha para esta nueva testifical, el 18 de noviembre a las 11.30 horas. En la causa, una de las líneas que se investiga está relacionada con la cátedra extraordinaria que codirigía Gómez en esa universidad junto al empresario Barrabés.
