El incremento del pasivo del conjunto de las administraciones, del 3,7% en relación al mismo mes de hace un año, se produce en un momento en que España está pendiente de si Bruselas valida la senda de consolidación de aquí a 2031 que el Gobierno remitió la pasada semana a la Comisión Europea en su plan Fiscal y Estructural a medio plazo -la hoja de ruta que pretende encaminar esa deuda hacia niveles sostenibles en el medio y largo plazo en virtud de las nuevas reglas fiscales-.
Los datos que ha hecho públicos este martes el Banco de España (BdE) constatan que el Estado es el subsector que registra un mayor incremento de su pasivo. Este se situó en 1,475 billones, con un incremento interanual del 5,5% que obedece, tanto al coste que suponen las medidas anticrisis desplegadas para hacer frente al impacto de la crisis energética e inflacionaria en familias y empresas, como a las mayores transferencias a otras administraciones a cuenta del sistema de financiación y, sobre todo, las realizadas a la Seguridad Social para poder hacer frente al pago de las pensiones.
Precisamente, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social escaló un 9,4% anual hasta los 116.000 millones. En lo que respecta a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas se elevó un 2,5% interanual hasta los 334.000 millones. En sentido contrario, la deuda de las entidades locales se redujo un 1% hasta los 23.000 millones de euros.
Por otro lado, la consolidación en el conjunto de las Administraciones Públicas -es decir, la deuda que se encuentra en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector- aumentó un 9,9% respecto al año anterior, hasta los 363.000 millones de euros. Debido a la corrección al alza de los datos de la Contabilidad Nacional que ha hecho recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE), revisión que ha elevado el crecimiento de la economía entre 2021 y 2023 en 77.000 millones de euros, la ratio de deuda pública del conjunto de las Administraciones se habría reducido hasta el 105,3% del PIB en el segundo trimestre.
En su plan estructural, el ministerio de Economía se compromete a que la ratio de deuda sobre PIB baje al 102,5% este año, al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. También apunta a que el déficit público se sitúe por debajo del 3% del PIB este ejercicio, en el 2,5% en 2025 y en el 2,1% en 2026. De acuerdo con las proyecciones más a largo plazo, el déficit se situará en el 0,8% del PIB en 2031.
Para poder lograr esa senda de contención de los desequilibrios fiscales, el departamento que encabeza Cuerpo ha propuesto que el elemento clave de las nuevas reglas, el gasto computable (que excluye partidas como los intereses de la deuda o las inversiones con cargo a fondos europeos, entre otras) limite su aumento al 3,7% en 2025, al 3,5% en 2026, al 3,2% en 2027, al 3% en 2028, al 3% en 2029, al 2,5% en 2030 y al 2,4% en 2031.
