Esta es una de las ideas que exponen los autores de ese informe, que este viernes se ha presentado al Consejo de Gobierno del Banco de España y en el que señala que convendría que hubiera una participación más activa de la institución en la preselección de candidaturas para la Comisión Ejecutiva para «reforzar la profesionalización del proceso» y «reducir riesgos de politización».
El informe, que analiza los procedimientos de nombramientos y los mandatos de los responsables de la institución, señala que el modelo actual responde a una «concepción clásica de la legitimidad» de los bancos centrales, centrada en la independencia técnica y en una participación limitada del poder legislativo en la configuración de los órganos rectores, según EFE.
No obstante, dice que en el panorama institucional español «se observa una creciente exigencia de legitimidad democrática en instituciones independientes» cuyas decisiones tienen un impacto significativo, como las de los bancos centrales.
Por eso, los autores del informe consideran oportuno explorar fórmulas que refuercen la participación de las Cortes en los procesos de designación y nombramiento, al menos mediante la comparecencia de las personas candidatas a integrar los órganos rectores.
Respecto a los mandatos, los autores del informe aprecian que el marco actual ofrece un grado de continuidad menor que el que se observa en muchos bancos centrales comparables y ve conveniente alargar el mandato máximo teórico de los miembros de los órganos rectores. En el caso del cargo de gobernador, creen que podría plantearse evolucionar a un modelo de ocho años sin posibilidad de renovación, en línea con el Banco Central Europeo (BCE).
También consideran interesante introducir mecanismos de escalonamiento en los nombramientos para evitar renovaciones «excesivamente concentradas» y conseguir preservar la continuidad en el funcionamiento de los órganos colegiados. Para los autores del informe, hay que reforzar la separación entre los poderes de dirección y de gobierno atribuidos a los órganos rectores, consolidando al Consejo de Gobierno como un verdadero órgano de gobierno de control interno y de rendición de cuentas.
Según explican sus autores, ello exigiría revisar —en tanto no se atribuyan a la Comisión Ejecutiva la totalidad de las facultades de dirección— el régimen de voto de los miembros natos cuando el Consejo de Gobierno se pronuncia sobre materias que afectan al ejercicio de las funciones supervisoras o regulatorias.
Además, proponen avanzar hacia una Comisión Ejecutiva más colegiada, cuya composición se articule en torno a un grupo más amplio de miembros internos con funciones ejecutivas y dedicación plena, y que haya una distribución explícita de responsabilidades funcionales entre sus miembros que refleje la diversidad de funciones atribuidas al Banco de España. También sugieren para reforzar la legitimidad democrática de origen de los nombramientos la comparecencia previa ante las Cortes de las personas candidatas a integrar los órganos rectores.
Además de conocer el informe, el Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites para modificar su reglamento interno, para que pueda ser aprobado en los próximos meses. Según ha explicado el Banco de España, se codificarán las normas de funcionamiento, que hasta ahora no se recogían, así como la obligación de realizar una autoevaluación periódica del funcionamiento del Consejo cada cinco años.
A través de un artículo específico, se institucionalizarán los ejercicios de planificación estratégica, que ya se han iniciado, y se publicarán indicadores para facilitar el seguimiento de su grado de cumplimiento.
El reglamento prevé también recoger la obligación de publicar informes para rendir cuentas sobre las actividades realizadas por la institución.
Además, el Consejo de Gobierno ha acordado este viernes revisar y actualizar sus normas internas de funcionamiento para introducir mejoras que faciliten el funcionamiento del Consejo, su organización interna y el proceso de debate y toma de decisiones.
