Bruselas sostiene que las intervenciones públicas en la fijación de precios pueden estar justificadas para proteger a consumidores vulnerables o durante una transición hacia mercados competitivos, pero advierte de que no deben convertirse en un elemento permanente. En su informe sobre precios minoristas de electricidad, competencia efectiva y remuneración de la flexibilidad, la Comisión incluye a España en el grupo de seis países –junto a Bulgaria, Francia, Hungría, Lituania y Eslovaquia– que han comunicado intervenciones en precios para hogares o microempresas durante una fase de transición hacia mercados plenamente competitivos.mEl documento señala que el 29% de los hogares españoles continúa acogido a tarifas reguladas, frente al 57% en Francia, el 63% en Polonia, el 27,3% en Lituania y el 18% en Portugal.
Bruselas recuerda que el artículo 5 de la Directiva eléctrica europea establece como principio general que los comercializadores deben ser libres para fijar el precio al que suministran electricidad. Aunque admite que las tarifas reguladas pueden estabilizar la factura de los consumidores, la Comisión advierte de que pueden debilitar las señales de precio, reducir los incentivos a la eficiencia energética y perjudicar la competencia en el largo plazo.
El informe pone el foco en la necesidad de que los países con precios intervenidos definan un plan de salida ordenado. Según la Comisión, estas hojas de ruta deben incluir hitos concretos, indicadores para medir el avance hacia la competencia efectiva, medidas para reducir distorsiones en los precios, mayor transparencia en las señales de mercado y garantías de trato no discriminatorio entre comercializadores. La advertencia tiene un mensaje claro al Gobierno ya que el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor y el bono social siguen desempeñando un papel relevante en el mercado doméstico. Bruselas cita expresamente el bono social español como una intervención que puede encajar dentro de los mecanismos previstos para proteger a consumidores vulnerables, siempre que forme parte de una estrategia más amplia contra la pobreza energética.
La Comisión no plantea por ahora una nueva propuesta legislativa, pero avisa de que seguirá examinando la aplicación de las reglas europeas y preguntará a cada Estado miembro por su intención de fijar e implementar esas hojas de ruta. Por otro lado, la Comisión ha dado también un paso más en la reforma del mercado eléctrico con la publicación de otra recomendación dirigida a los Estados miembros para reforzar la supervisión financiera de las comercializadoras de electricidad y evitar episodios de inestabilidad como los vividos durante la crisis energética de 2021 y 2022. El texto pone el foco en la gestión del riesgo por parte de los suministradores y en la necesidad de que estos cuenten con estrategias adecuadas de cobertura frente a la volatilidad de los precios mayoristas. Durante la crisis por la invasión de Ucrania, el encarecimiento abrupto de la electricidad dejó al descubierto las debilidades de numerosos operadores, provocando quiebras y trasladando costes que, en última instancia, llegaron a los consumidores.
La Comisión considera que uno de los principales fallos fue la insuficiente utilización de mecanismos de cobertura –el denominado hedging– en un contexto de contratos a precio fijo. Cuando los precios del mercado se dispararon, muchos comercializadores no habían asegurado sus costes de compra, lo que les llevó a una situación de estrés financiero. En este contexto, Bruselas recomienda que los Estados refuercen el papel de los reguladores nacionales, otorgándoles competencias para supervisar las estrategias de riesgo de las comercializadoras y garantizar que estas sean proporcionales a su tamaño, nivel de capitalización y exposición al mercado. En el caso español, este papel recae en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ya ejerce funciones de supervisión.
El enfoque de la Comisión no pasa por una intervención directa en las decisiones comerciales de las empresas, sino por el establecimiento de marcos prudenciales que permitan anticipar riesgos. Entre las herramientas propuestas destacan la introducción de test de estrés y la obligación de reportar información periódica sobre su situación financiera y sus coberturas.
Además, el Ejecutivo comunitario subraya la necesidad de estrechar la cooperación entre reguladores energéticos, supervisores financieros y bancos centrales, ante la creciente interconexión entre los mercados eléctricos y los instrumentos financieros, especialmente los derivados. Este vínculo ha ganado relevancia en los últimos años, en particular por las exigencias de garantías y liquidez asociadas a las operaciones de cobertura.
La recomendación también introduce el concepto de proporcionalidad, al reconocer que no todos los actores del mercado pueden asumir las mismas exigencias. En este sentido, abre la puerta a que las comercializadoras puedan optar por coberturas parciales si disponen de otros mecanismos de resiliencia, como acceso a generación propia o reservas de liquidez suficientes.
