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  Legal  CASO ABALOS: la UCO registra el domicilio valenciano
Legal

CASO ABALOS: la UCO registra el domicilio valenciano

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han entrado en la casa que el exministro de Transportes, Ábalos, tiene en la ciudad de Valencia, en el marco de la investigación del 'caso Koldo' sobre el cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid-19.

RedaccionRedaccion—10 de junio de 20250
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La Unidad Central Operativa (UCO) ha abandonado pocos minutos antes de las 17:00 horas del lunes el domicilio del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Valencia, finalizando así un registro que comenzaba a las 7:00 horas. Como parte de la inspección de la casa del que fuera número dos de Pedro Sánchez en el PSOE, la unidad de la Guardia Civil ha clonado varios de sus dispositivos, con el propio Ábalos presente junto a su abogada.
Varios agentes de la UCO han salido del edificio donde está la vivienda propiedad de José Luis Ábalos con cajas, maletas y maletines, además de sus equipos, introducidos en diferentes vehículos antes de abandonar el lugar 10 horas después del inicio del registro. La abogada de Ábalos se ha marchado también por la puerta del edificio y ha cogido un taxi rodeada de cámaras, pero sin responder a las preguntas de los medios de comunicación presentes.

El principal objetivo de los agentes de la UCO en el registro de la casa de Ábalos está en la documentación sobre adjudicaciones de contratos de obra pública, unas diligencias enmarcadas en una pieza secreta de la investigación, comandada por el juez Leopoldo Puente. La documentación estaría relacionada con las presuntas comisiones a las que aludía el empresario Víctor de Aldama. Los agentes de la UCO también han requerido documentación en empresas, además del registro del domicilio de Ábalos.
Ésta es la primera inspección que se produce en la propiedad de Ábalos, investigado en la causa que comenzó en torno a supuestas comisiones en contratos de mascarillas en plena pandemia, pero que se extiende también a posibles irregularidades en otras adjudicaciones públicas. Aldama, también investigado en el Supremo, apuntó en diferentes declaraciones judiciales al pago de comisiones a altos cargos y habló de obras públicas preadjudicadas y vinculadas al Ministerio de Transportes.

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