En una providencia del pasado mes de enero, el magistrado acordó una batería de citaciones que se celebrarán entre marzo y abril. En total, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 escuchará a un total de 17 investigados: 16 personas físicas y a Villafuel, la empresa clave de la trama.
La ronda de declaraciones arrancará este miércoles con las de Pedro Antonio Marín y Francisco Javier Cillán, exjefe de operaciones de Villafuel y, según consta en el sumario, conocedor del sector del sector de los hidrocarburos, así como máximo responsable de la coordinación administrativa y comercial y tributaria de la estructura empresarial, qur fue sido señalado como cerebro de la operativa. Por su parte, ya el viernes, el magistrado interrogará también como investigados a Oriana Elisett y a Félix Aparicio, cuyo nombre figura como administrador de la suministradora Salamanca Fuel Center, y habría sido, presuntamente, introducido en la trama por Luis Alberto Escolano, socio de De Aldama.
De hecho, en un mensaje de octubre de 2021 entre Escolano y Aparicio, este último le habría dicho «ahora sí por fin me uno a vuestra familia», lo que hace pensar al juez que fue el socio de Aldama quien habría introducido a Aparicio en las presuntas actividades ilícitas.
Por su parte, Oriana Elisett figura en el sumario de la causa como administradora de la mercantil Canary Island Fuel Company SL y, tal y como señaló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, esta habría desarrollado «funciones de testaferro a las órdenes los líderes de la organización criminal, al objeto de desvincularles de la administración real de la mercantil».
El magistrado Puente ha citado a declarar como investigados a un total de 17 personas en el marco de la investigación del presunto entramado criminal de los hidrocarburos, por el que se habrían estafado más de 182.500 euros a la Agencia Tributaria a través de las transacciones de IVA en el sector de los hidrocarburos. De esta manera, por el momento ya habrían declarado como investigados en la trama el empresario Víctor de Aldama, involucrado también en el ‘caso Koldo’ y en el ‘caso Begoña Gómez’, el también empresario Claudio Rivas, considerado por la UCO como el presunto cabecilla de la red, la también empresaria Carmen Pano, que afirmó haber llevado dos bolsas de basura con 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE de la calle Ferraz, y su hija, Leonor María González Pano. A ellos se les suman las comparecencias del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de su exasesor, Koldo García.
