En concreto, esta diligencia se enmarca en la rama de la causa en la que se investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Álvarez como asesora en Moncloa y si ésta desempeñó funciones privadas para Gómez.
El letrado de Pablo, a cargo de la defensa de Álvarez, ha asegurado que la decisión de Peinado carece de motivación alguna. «No es que estemos ante una motivación insuficiente. Lo que encontramos es una absoluta ausencia de motivación que vulnera lo previsto», ha señalado para luego incidir en que, además, una diligencia de este tipo debería de haberse acordado a través de un auto y no de una providencia, como hizo Peinado.
En este sentido, el abogado ha recordado que no es la primera vez que el instructor procede de esta manera. «En este procedimiento la seguridad jurídica brilla por su ausencia», ha apuntado. El letrado ha incidido en que «con esta ya son cuatro ocasiones» en las que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid «plasma su criterio sobre una cuestión jurídica y, sin motivo que lo justifique, a los pocos días cambia de manera copernicana de opinión y acuerda exactamente lo contrario a lo que acordó días antes».
En este punto, la defensa recuerda que las acusaciones populares reclamaron el pasado 7 de julio al juez que requiriese al excargo de la Complutense dichos correos y que el instructor denegó tal petición el día 13 de ese mes. «Sin embargo, sorpresivamente, solo un mes después y mediante la resolución recurrida se acuerda exactamente lo contrario», ha recalcado el abogado de Álvarez.
Así las cosas, la defensa ha pedido a la Audiencia de Madrid que estime su recurso y «deje sin efecto» la decisión del juez Peinado.
Fuentes jurídicas han confirmado que en este momento la Audiencia Provincial de Madrid tiene al menos ocho recursos pendientes de resolver relativos a esta causa; seis de ellos ya están en trámite.
